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Notas de Prensa
18.04.12 07:08 Antigüedad 6 meses

Palabras del Dr. Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe de International IDEA, en el acto de presentación del "TOMO II DE REFLEXIONES EN UN PANAMÁ DEMOCRÁTICO"

Categoría: Notas de Prensa, Discursos

Por: Dr. Daniel Zovatto

Hace seis años, durante la celebración del medio siglo del Tribunal Electoral –si tomamos como referencia la reforma constitucional de 1956, que dio vida a la institución como un órgano independiente del Estado y que puso fin a la manipulación tradicional del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los gobiernos de turno y los partidos políticos–, el lanzamiento de la edición del primer tomo de Reflexiones en un Panamá democrático formó parte central de las actividades conmemorativas. En esa oportunidad, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, entonces presidente del Tribunal, hizo la presentación formal de la obra, expresándose en los siguientes términos:

“El Tribunal Electoral se siente satisfecho al haber contribuido a estabilizar la democracia formal después de que el país tuviera que pagar el precio de las sanciones económicas a la invasión y el trauma que ésta ocasionó, pero debemos insistir en que si no desarrollamos la capacidad para que nuestros gobernantes contribuyan sustancialmente, cada uno en su turno, a solucionar los problemas mencionados, la inversión lograda en lo formal no podrá llegar a ser realmente la semilla eficaz para cosechar los frutos que la mayoría espera con anhelo y quizás ya con frustración”. Y esos problemas señalados son: “¿Por qué se hace cada vez más difícil mejorar la calidad de vida de las familias? ¿Por qué la riqueza que se genera anualmente beneficia solamente a un grupo minoritario? ¿Por qué no hay más planes de desarrollo a nivel de Estado que puedan ser continuados cada cinco años cuando cambia el mando presidencial?”

Al examinar aquella primera “Reflexión”, veo que los autores cubrieron una multiplicidad de temas debido a que la invitación fue abierta. Unos decidieron reflexionar sobre los partidos políticos y analizarlos desde diversas perspectivas: el financiamiento político; los retos de la gobernabilidad democrática; el Estado de derecho; la formación y la cultura política; los procesos electorales y su transparencia; la educación y la cultura; el análisis de la realidad política; el futuro del Canal de Panamá; la independencia de la República; la fuerza de las raíces y tradiciones panameñas; y consideraciones sobre un mundo urbano e incluso sobre literatura e identidad en Panamá.

Esa interesante gama de aportes que recogieron el pensar y las apreciaciones que prevalecían hace seis años, debe ser objeto de revisión para comparar hasta dónde ha cambiado la realidad panameña o su percepción, y hasta dónde los diversos retos planteados se han superado o siguen vigentes o incluso han empeorado la percepción.

Para el cumplimiento de este objetivo, el Tribunal Electoral nos ofrece ahora el segundo tomo con catorce ensayos de gran contenido, si bien con menos diversidad temática, lo que en sí representa ya un mensaje. Esta obra  ha sido dedicada a la memoria de Raúl Leis, ese gran adalid de la democracia panameña quien formó parte de los escritores del primer tomo.

Me parece acertada la propuesta del Tribunal al propiciar estas ediciones periódicas para dejar constancia escrita de la evolución política y social panameña, y del impacto que va dejando cada administración pública en la vida nacional. Bien lo dice el Pleno del Tribunal: “Este segundo tomo se publica en un quinquenio de profundas confrontaciones sobre nuestra democracia, la forma en que intenta perfeccionarse y las luchas que protagoniza a diario para sobrevivir y conquistar el sitial que le corresponde, como acicate para el desarrollo social y humano de los panameños”. Y luego añade: “El futuro de los panameños es incierto si se mira desde el escepticismo de la mansedumbre y de la pasividad social, pero prometedor si ejercemos el noble oficio de pensar y encontrar entre todos las respuestas a la incertidumbre que plantea el destino social, cada vez que nos encontramos en una encrucijada de la historia”.

Es un placer y un honor con el que me han distinguido los magistrados de la justicia electoral panameña, al tener la oportunidad de reflexionar sobre el proceso democrático panameño en ocasión de la presentación oficial de este segundo tomo; placer y honor que agradezco de manera especial a los magistrados del Tribunal Electoral.

Les ruego me permitan compartir con ustedes algo de historia. En mi función de aquel entonces (hace casi 23 años) de director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), di seguimiento cercano a las elecciones generales de mayo de 1989, así como al desenlace de un proceso electoral viciado desde el principio por la falta de transparencia y garantías para los contendores. El árbitro carecía de credibilidad y, fundamentalmente, existía una renuencia absoluta del gobierno de turno a entregar el poder al ganador legítimo, como todo indicaba, si éste resultaba pertenecer a la oposición.

Por supuesto, el claro triunfo de la oposición no fue reconocido y el organismo electoral, en un exabrupto inaudito, anuló de oficio las elecciones, desencadenando fuerzas que llevaron al país a una peligrosa y lamentable confrontación que trascendió las fronteras.

Lo anterior constituye un trauma que Panamá no debe volver a vivir.

Después de la invasión, y reestructurado el Tribunal, en 1990 fui invitado por los nuevos magistrados a viajar a Panamá en una misión de evaluación por parte de CAPEL con el objetivo de determinar si existían condiciones para brindar asistencia técnica a las nuevas autoridades electorales. De tal forma, desde esa época y a lo largo de estos 22 años, de manera ininterrumpida he estado dando seguimiento y contribuyendo al proceso de institucionalización de la justicia electoral panameña como la columna vertebral de una democracia naciente hasta convertirse en un auténtico árbitro de una de las justicias más difíciles de impartir: la electoral. Justicia electoral, que es la encargada de dilucidar el poder político de una Nación, de dirimir, ni más ni menos, que la legitimidad dé origen del poder político. En efecto, sin el apoyo de un autentico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Para decirlo en palabras del maestro Ortega y Gasset, “La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo o grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”.

Los magistrados del nuevo Tribunal Electoral de 1990 partieron de una posición muy desventajosa, con una credibilidad muy negativa, auditados muy de cerca por los partidos políticos y la sociedad civil. Pero poco a poco, paso a paso, de manera lenta pero sostenida, reforma electoral tras reforma electoral, consulta popular tras consulta popular, elección tras elección, fueron construyendo una institución capaz de garantizar el mandato constitucional que ostenta para que el sufragio popular en Panamá sea libre, transparente y veraz.

Me consta que no ha sido fácil. En sus veintidós años, la institución ha tenido que enfrentar muchas situaciones delicadas para defender sus bienes más preciados: su independencia, su imparcialidad y su rigurosidad técnica y profesional, el trípode sobre el cual se asienta la credibilidad y el prestigio de todo árbitro electoral; credibilidad y prestigio que el Tribunal se ha ganado gracias a su trabajo serio y profesional a lo largo de estas dos décadas y que el pueblo panameño, los partidos políticos y la sociedad civil at large hoy le reconocen.

A pulso ha mantenido, asimismo, su empeño en propiciar una cultura democrática, no sólo con los programas de educación cívica-electoral, que lleva a cabo en coordinación con el sistema de educación pública y con el apoyo brindado a las diversas conferencias de la sociedad civil, sino también con publicaciones como la que hoy se presenta para inducir a la lectura y la reflexión, para crear espacios de diálogo y foros de opinión.

Los catorce ensayos reunidos en este segundo tomo de Reflexiones en un Panamá democrático reflejan el Panamá de nuestros días con sus percepciones, paradojas y retos, enmarcados desde su historia prerrepublicana (lo que constituye una novedad), su época casi de colonia y sus diferentes perspectivas, como son la educativa y la de género. El tema de la identidad nacional en un país que representa un crisol de razas es una realidad muy propia en una sociedad como la panameña. Más que la homogeneidad, la heterogeneidad es la que caracteriza a los panameños, y es una realidad que permea a todos los estratos y organizaciones de la sociedad.

Procedo ahora a compartir con ustedes algunas ideas que he extraído de los catorce trabajos contenidos en la obra que hoy presentamos, pidiendo por adelantado disculpas y comprensión a los autores por las omisiones en que necesariamente debo incurrir al intentar resumir tanto esfuerzo. Por ello, y debido a la riqueza de análisis y reflexión contenida en la totalidad de los ensayos que componen esta obra, recomiendo su lectura con detenimiento, e insto al lector a disfrutarla.

  

  1. “Antesala de la República”

Este trabajo de Carlos A. Mendoza, esboza en forma de relato histórico las horas previas a la separación de Colombia, que marcan el nacimiento de la República.

En forma narrativa va tejiendo la trama social y política de aquel momento de 1903, explicando el papel que desempeñó el interés estadounidense, algunos colombianos nacidos en territorio panameño y los partidos políticos de la época: el conservador y el liberal.

De esta crónica me gustaría rescatar una conversación entre el ingeniero francés Bunau-Varilla y el presidente Roosevelt: “Panamá ha sido víctima de las detestables pasiones políticas”, manifestó el ingeniero, a lo que el presidente preguntó: “¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de la presente situación?” “Una revolución”, contestó el ingeniero, lo cual constituye una evidencia de que, dadas las circunstancias que así lo justifiquen, el pueblo panameño no dudaría en protestar al estilo revolucionario.

  1. “Reflejos del pensamiento político nacional en la educación panameña”

Si queremos que nuestro país progrese, expresa el autor de este ensayo, el ex presidente Aristides Royo, se hace necesario transformar la educación que los niños y los jóvenes reciben, y para ello hacen falta dos factores. El primero consiste en preparar a los docentes para que estén en posibilidades de brindar nuevos y mejores conocimientos a sus estudiantes y que no sólo les enseñen asignaturas sino a pensar y sentir curiosidad por el aprendizaje, que no se circunscribe a los años de escolaridad sino a los que dura una vida. El segundo estriba en mejorar las condiciones de vida del docente mediante salarios más adecuados a las delicadas responsabilidades que asumen. Según el autor, el grado de civilización que una nación alcanza puede medirse por la forma en que trata a sus docentes y por la educación que éstos están en capacidad de impartir.

El artículo presenta un resumen sobre los distintos periodos de la educación en Panamá, sus triunfos y fracasos y de qué manera los gobiernos han desempeñado –con mayor o menor interés– un papel importante en desarrollar la enseñanza en beneficio de las amplias mayorías. Y sobre la reforma educativa expresa: “la nación aún sigue esperando que la Comisión que reemplazó a la Reforma Educativa, pasados ya treinta y dos años de estudios, reuniones y análisis, cuyos resultados han sido parciales y fragmentarios, le presente al país la reforma integral de la educación para que el sistema educativo prepare a los estudiantes en las carreras que más se necesitan y así lograr que Panamá se encamine a su destino como país con un alto grado de desarrollo”.

  1. “Siete paradojas de los imaginarios panameños sobre la democracia y sus instituciones”

El autor, Harry Brown Araúz, analiza las contradicciones de los imaginarios panameños sobre la democracia en siete interesantes paradojas:

Paradoja 1: Aspiraciones democráticas versus individualismo intenso.

Paradoja 2: La gobernabilidad democrática se alcanza excluyendo.

Paradoja 3: La democracia sirve para alcanzar consensos, no para procesar disensos.

Paradoja 4: La política es asunto de hombres, aunque así sea más difícil ganar elecciones.

Paradoja 5: Deseamos una mejor política, pero sin políticos profesionales.

Paradoja 6: Partidos ideológicos, pero indisciplinados.

Paradoja 7: Somos demócratas, pero no completamente.

Según Brown Araúz, “reflexionar sobre la democracia a través de sus paradojas no es la única manera de hacerlo y quizás ni siquiera es la mejor forma”. El autor expresa que simplemente ha querido plantear situaciones sin pretender necesariamente proponer maneras de solucionarlas. A su entender, la gran mayoría de estos asuntos no pueden ser solucionados con una o dos normas sino con una batería de ellas que respondan a cambios en las actitudes de la ciudadanía y de las élites. Y dentro de esta línea de pensamiento concluye: “Lo que queda a los demócratas del país desde todos los ámbitos es, pues, crear las condiciones que consoliden la democracia panameña”.

  1. “Percepción y realidad política”

En su ensayo, Humberto González de León, advierte que la percepción es la construcción social de la realidad y que el aprendizaje social determina el tipo y naturaleza de las percepciones que tendrán los individuos de un grupo o colectivo.

Explica cómo se forman las percepciones, principalmente la de los de los partidos políticos, los políticos y sus electores, y luego analiza las encuestas y los planes de mercadeo político, proponiendo desarrollar una cultura científico-política para evitar el manejo que hacen los políticos en sus campañas en base al “olfato”.

Y a manera de conclusión, advierte que las investigaciones científico-sociales realizadas principalmente por los psicólogos sociales han demostrado que no existe la “realidad política única”, que lo que sí existe son las percepciones y que éstas son multivariadas.

  1. “Intervenciones de Estados Unidos en los procesos electorales de Panamá”

En este artículo, Marco A. Gandásegui (h), resume, desde el enfoque de la ciencia social, la larga lista de intervenciones estadounidenses en la realidad panameña, desde su función de administrador de la vía interoceánica y presencia militar en Panamá de 1903 a 1999, principalmente en los procesos electorales y extendiendo su presencia más allá, al referir la sentencia de Torrijos: “Panamá queda bajo el paraguas del Pentágono”.

El autor también aporta un análisis de los panameños que, de una u otra manera, denunciaron la injerencia estadounidense, señalando que la democracia se hace inviable si una potencia extranjera ocupa militarmente el territorio nacional.

Tras analizar la democracia en Hispanoamérica y en Panamá, Gandásegui analiza las intervenciones estadounidenses elección por elección, de 1908 a 2009, cuando ya Panamá cumplía diez años sin la presencia física de Estados Unidos, concluyendo que, a pesar de haber pasado 100 años, Estados Unidos seguirá interviniendo en forma sistemática en los procesos electorales panameños, justificando dicha intervención con conceptos tales como “proteger el funcionamiento del Canal de Panamá” o “promover los valores democráticos”.

  1. “Evolución de la democracia panameña”

En su ensayo, Milton Henríquez hace un análisis de la democracia sobre la base del Estado de derecho, recorriendo el concepto desde su origen grecolatino hasta la actualidad, ponderando el papel del hombre y la mujer en el modelo de gobierno. Para él, la esencia de la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y el fundamento de la República es la separación de los poderes públicos.

Como político, expone sus ideas para el desarrollo de la democracia panameña señalando que ésta implica sistemas de participación política en redes abiertas pero estructuradas alrededor de visiones coherentes; sistemas de decisión de altísima transparencia y mucha información; de organizaciones partidistas que compiten y cooperan entre sí y con movimientos sociales coyunturales o temáticos; y también estructuras estatales solidarias, pero muy descentralizadas y, a la vez, muy interconectadas, donde el Gobierno Central, a través de un sistema de subsidiariedad, se concentra exclusivamente en las tareas que el municipio, la comunidad, la familia o la persona no pueden hacer por sí mismas.

Milton Henríquez concluye su análisis en clave optimista, afirmando que “la democracia panameña evoluciona en esa dirección, y los obstáculos y amenazas de involución que enfrenta no harán más que dar más valor a la transformación que elevará a los panameños a un plano superior como Nación”.

  1. “La identidad nacional en nuestro desarrollo político”

A partir de la explicación geográfica del territorio ístmico, Jorge Cisneros aborda el tema de la identidad nacional, cuestión que orbita en las mentes de todos los intelectuales panameños. Se trata de aportar ideas y datos que ayuden a decantar la importancia de la identidad nacional, nacida y desarrollada con presencia extranjera desde que Panamá era una colonia hispana.

Sostiene Cisneros que la nación panameña acumula sentimientos que nacen en eventos que ultrajaron la conciencia del ser panameño, desde el Incidente de la Tajada de Sandía hasta la invasión estadounidense de 1989.

Advierte que “sigue pendiente la deuda para los héroes y los mártires que con coraje, con su vida y su sangre, hicieron de la recuperación [de la Zona del Canal y la Soberanía] el credo de la Patria. Intelectuales, políticos, estudiantes, obreros y ciudadanos de a pie, no mezquinaron un ápice de su ser y hoy suman a su orgullo de ser panameños el haber sido parte de la historia, que es la gran canción de gesta de este país”.

Cisneros sentencia: “Vivimos al borde de un acantilado que pretende cohibir el derecho a pensar y criticar, so pena de caer a su vacío; el poder político diseña formas de dominación que expresan serios riesgos de totalitarismo, y, si en ese acontecer nuestra identidad se sumerge y mimetiza por los estímulos dominantes de la propaganda y la publicidad, seguiremos transitando el espacio para que desarrollo signifique cifras elevadas del capital, moviéndose sin que encuentre rutas hacia las minorías”.

  1. “La mujer panameña y el Estado de derecho

Este ensayo, de Esmeralda de Troitiño, señala que la concepción de un Estado de derecho para el desarrollo de la vida en democracia y el establecimiento de formas de convivencia pacífica con equidad, igualdad y justicia, surge como necesidad de reconocer los derechos fundamentales de todas las personas sin distingo, discriminación o exclusión, sobre la base de la libertad y la dignidad humana.

Para Troitiño, esta garantía de protección de derechos en la búsqueda del desarrollo humano sustentable es sólo posible en un Estado democrático y moderno, consolidando la gobernabilidad y la justicia como importantes pilares del Estado de derecho.

Analiza el concepto de ciudadanía, proponiendo que se eleve más allá del ejercicio de los derechos políticos, concediéndole su diversidad multicultural y multiétnica. En otra parte de su trabajo, enfoca los principios y valores democráticos, la igualdad y la equidad, la participación de la mujer en la vida nacional y su empoderamiento para participar en el desarrollo (principalmente para la humanización del poder) en un recorrido histórico que narra cómo, palmo a palmo, la mujer panameña ha ido ganando espacios importantes para la paridad de géneros.

  1. “Las ideas políticas y los gobiernos republicanos”

Este ensayo de Carlos Guevara Mann hace referencia a las ideologías que inspiraron la institucionalización del Estado panameño y los debates políticos iniciales tras la fundación de la República en 1903: el liberalismo y el conservatismo.

Para Guevara Mann el liberalismo ha sido la doctrina predominante en los gobiernos panameños, porque es el credo, la filosofía y el movimiento comprometido con la libertad como método y política de gobierno, como principio organizador de la sociedad y como modo de vida individual y colectiva. La esencia del liberalismo, según el autor, tiene como objetivo liberar el espíritu humano para que alcance el máximo de su potencial creador y realizador.

Recorre históricamente la labor de gobiernos liberales y conservadores, sus aportes a la democracia y el impacto de la dictadura militar, aseverando que ésta no es la causante de la pérdida de las ideologías sino la mercantilización de la vida panameña como resultado de la construcción del Canal y la influencia individualista y materialista de Estados Unidos.

  1. “La inequidad de género en la Asamblea Nacional”

La autora, Gloria Young, construye un ensayo apologético de la mujer en cuatro subtítulos sugerentes y analíticos: 1) La conquista femenina de los espacios de poder, donde resume cómo la mujer panameña luchó y conquistó una presencia digna en la vida nacional; 2) ¿Qué hemos ganado las mujeres?, donde denuncia las traiciones de que han sido objeto las mujeres que aportaron valiosas cuotas y luego fueron ignoradas por los dirigentes de los partidos donde militaron; 3) Nuevos rostros, buenas prácticas, otros modelos, donde propone la imposición de una nueva cultura política para reemplazar el protagonismo masculino por un nuevo estilo de liderazgo para que la democracia realmente se profundice y logre extenderse en nuestros países; y, 4) Revirtiendo el menosprecio, la negación, el estereotipo y la discriminación, por conquistas efectivas en el terreno electoral, donde analiza las ventajas de las mujeres en el rol de gobernantes.

  1. “El papel de la Iglesia católica en la evolución de la democracia”

Este trabajo de Maribel Jaén, resume el papel de la Iglesia católica en la construcción de la democracia panameña. Tras relatar la presencia de las Iglesias cristianas en el devenir político nacional, cita los señalamientos de la declaración final de Encuentros de Laicos en Paraguay, indicando el peligro del uso de la política como instrumento de dominio y de poder desde visiones e intereses particulares; la corrupción y desconfianza en la institucionalidad democrática; la marcada polarización política y los sistemas excluyentes de participación; el desconocimiento de los derechos humanos por parte de sectores importantes de la ciudadanía y autoridades; la impunidad y utilización de la ley para negar lo legítimo y ocultar la justicia; los mesianismos políticos que acentúan el centralismo y el asistencialismo, empleando la descalificación y exclusión del pensamiento diferente para imponerse. A juicio de la autora, todos estos temas integran una agenda clave en la que los panameños deben trabajar para fomentar una nueva cultura política.

  1. “Sociedad civil organizada y democracia en Panamá”

En este ensayo, Giulia De Sanctis analiza la participación ciudadana desde los antiguos cabildos hasta las leyes más recientes, los diálogos sociales, los acuerdos políticos y las concertaciones nacionales para el desarrollo, y sentencia que es imposible separar de la práctica democrática panameña a la sociedad civil organizada la que, a pesar de sus imperfecciones, ha logrado incidir de manera importante en la historia panameña. A juicio de la autora, los partidos políticos por sí mismos no tienen la capacidad de resolver los grandes problemas nacionales, dada su estructura tan poco democrática, poco transparente, inequitativa y no incluyente, al ser su fin único la toma del poder

Para la autora, la sociedad civil organizada panameña, a través de su presencia y participación en los consensos nacionales, ha evitado la profundización de conflictos sociales; ha definido agendas públicas; ha dado seguimiento a los temas nacionales críticos y los ha mantenido vigentes; y ha incidido en las políticas públicas. En pocas palabras, sostiene De Sanctis, que en Panamá no se puede hablar de democracia sin hablar de participación ciudadana.

  1. “Pensamiento político y legado de Omar Torrijos”

Manuel Orestes Nieto hace un profundo análisis de la realidad panameña, rescatando la imagen de Omar Torrijos Herrera como un estadista transformador que legó al país un pensamiento democrático robusto y sostenible. Asevera en su trabajo que Omar Torrijos manejaba un conjunto de ideas que llamó las “razones históricas del pueblo panameño”, y que adquiere su propia estatura de conductor y multiplica su capacidad de mirar por encima de los acontecimientos, visualizar en el horizonte de lo posible para unificar el país en una lucha común, y lanza la epopeya vivida y sentida que culminará con un éxito indiscutible: un canal panameño y el fin de la perpetuidad de la ocupación militar extranjera.

Manifiesta que, si bien Torrijos lideró la etapa decisiva para resolver la condición colonial y la ocupación del centro territorial, su pensamiento político no fue sólo respecto a la solución colonial del país, incluyó, además, el trazado de un ideario social que se plasmó en instituciones nuevas, políticas sociales, modelos de atención de salud, infraestructuras, viviendas y múltiples programas e iniciativas que apuntaban a dar una lucha frontal contra la pobreza y la marginación.

Concluye su ensayo con la siguientes reflexión: “Citados por la historia, ahora, en el presente que vivimos, en Panamá se cruzan todos los tiempos para deslindar, a su vez, todo el camino recorrido: o logra ser la nación próspera, en desarrollo, con equidad, justicia y sin pobreza, o se convierte en una extraña e impropia entidad donde ganó la fiereza de la apropiación y el rapto, donde se asentaría entre los panameños, frustrando la esperanza de todos, la voracidad desmesurada de unos pocos”.

  1. “Vivir en democracia”

Su autor, el magistrado Gerardo Solís Díaz, aborda la democracia desde un planteamiento antropológico y social, que la enfoca como una manera de interrelación de la especie humana. “Refrendada por la construcción de normas sociales y jurídicas, costumbres y acuerdos tácitos, los hombres vivimos en una gregariedad en constante evolución social”, afirma Solís.

El análisis se enriquece con una descripción de esa evolución, citando ejemplos históricos concretos a los que se les aplica la visión intelectual desde el punto de vista jurídico y ético. Confronta la visión desde la felicidad del individuo y la del colectivo, dos ángulos inseparables –según Solís– que son el origen de las contradicciones, los errores y los aciertos en la búsqueda de una forma de convivencia que procure la cima de la felicidad y la plenitud social a través del sacrificio personal en procura del establecimiento del bien común.

Termina describiendo al ciudadano de la democracia moderna como el surfista de los mares de la ciudad cibernética. Para Solís, “La nueva ciudadanía se comunica por redes que multiplican el pensamiento, masificando opiniones convergentes y divergentes, formando la democracia del parlamento cibernético. En la ciudad virtual, el poder mediático revela que la verdad es omnipresente y omnipotente. Las democracias maduras demandan de sus ciudadanos un activismo positivo que vigile a los gobernantes. Hoy día se apela no sólo a la capacidad real de la administración pública de implementar sus políticas (gobernabilidad) sino a la idea de las buenas prácticas gubernamentales subiendo el peldaño hacia la gobernanza”. Propone, asimismo, avanzar hacia la democracia deliberativa donde el ciudadano se exprese en condiciones de igualdad sin subordinación, cumpliendo la voluntad de las mayorías agregadas sin detrimento de la dignidad de las minorías.

HASTA AQUÍ MI RESUMEN de los ensayos. Ahora es pertinente retomar el análisis de los tiempos que vive Panamá en su proceso de consolidación democrática en función de los avances obtenidos en los últimos veintidós años.

Durante este periodo, Panamá ha logrado consolidar un sistema democrático estable y crear una justicia electoral (integrada por el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral) con una continuidad, consistencia, profesionalismo y credibilidad ejemplar en nuestra región latinoamericana.

Asimismo, gracias al liderazgo del Tribunal Electoral, se creó un foro para poner a trabajar patrióticamente a todos los partidos políticos y a la sociedad civil, generando de esta manera un proceso de consulta amplio y transparente, e institucionalizando un proceso de reforma electoral innovativo, participativo y eficaz con características inéditas en América Latina.

En estas dos décadas, Panamá ha perfeccionado su sistema electoral con cuatro reformas sucesivas. Rigurosamente, después de cada elección, el Tribunal Electoral hace una convocatoria amplia para revisar durante doce meses, en reuniones semanales, la última experiencia e identificar los puntos que quedaron pendientes de reformar, así como innovaciones requeridas en función de la realidad y el derecho comparado. En vez de elaborar por su cuenta un proyecto de ley, en ejercicio de su iniciativa legislativa, a espaldas de los partidos y la sociedad civil, el Tribunal Electoral de Panamá ha preferido ejercerla mancomunadamente con todos los actores en la elaboración de un proyecto de ley que sea real y efectivamente consultado. No hay comparación entre el sistema electoral de Panamá de 1990 y el actual. El avance ha sido profundo, importante y ha marchado en la dirección correcta. En cada reforma se ha avanzado y, con ello, la democracia formal panameña se ha perfeccionado quinquenio tras quinquenio.

Cada cinco años, los panameños ejercen el sufragio para elegir a sus autoridades con un mayor nivel de participación y confianza, y lo hacen abanderando a un nuevo presidente cada vez con mayor respaldo. Algunos analistas [1] interpretan que este hecho no se debe tanto a la popularidad del Presidente electo sino al voto castigo al gobierno saliente. El pueblo panameño es muy exigente y demanda a sus candidatos el máximo cumplimiento de sus promesas electorales y el respeto a la institucionalidad democrática en un ambiente de honestidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar en este sentido que en cada una de las cuatro elecciones generales y en las tres consultas populares que han tenido lugar en estas dos décadas, no sólo en casi todas ellas ha ganado siempre la oposición sino que en ninguna de ellas el perdedor ha podido alegar la existencia de fraude. El único triunfo del “SI” se dio en el referéndum de 2006 para la expansión del Canal. Los valores de la democracia panameña están claros, como también lo está el trabajo profesional, serio, riguroso de la justicia electoral en garantizar procesos electorales libres, transparentes y democráticos.

Para la democracia panameña los partidos políticos son igualmente esenciales. La historia así lo ha comprobado, por más que atraviesen, como en muchos otros países de la región y del mundo, por una crisis de confianza. Durante el proceso militar, un 3 de marzo de 1969, la Junta Provisional de Gobierno declaró extinguidos a todos los partidos políticos y, posteriormente con la Constitución Política de 1972, se intentó un sistema exclusivo de candidaturas independientes que prevaleció hasta que se impuso la apertura democrática después de los Tratados Torrijos-Carter, y retornaron los partidos políticos a dominar el espectro político a pesar de que se mantuvo el derecho a la libre postulación. Pero entre éstos, los candidatos independientes, y los partidos, el pueblo ha sido claro: prefiere el sistema de partidos.

Por todo ello, si en un sistema autoritario no fue posible destruir los partidos... ¡en un sistema democrático menos! Es el mismo pueblo el que va decidiendo, con su voto y respaldo, quien sobrevive y quien desaparece de la escena. El pueblo quiere mantener un contrapeso político como parte de las reglas del juego democrático, y para ello está claro que necesita la vigencia de varios partidos. Sólo el tiempo dirá si Panamá avanza hacia un sistema bipartidista como el que prevalece (cada vez menos) en otros países. En un momento determinado, en 2004, parecía que el país se encaminaba hacia ese destino; sin embargo, en 2009 una tercera alternativa fue la opción escogida para castigar al gobierno saliente y ahora existen tres grandes partidos y un partido minoritario (El Partido Popular, antes Democracia Cristiana).

Permítanme ahora hacer una reflexión general sobre la importancia de los tribunales electorales para la calidad de la democracia, seguida de una breve reflexión específica sobre el Tribunal Electoral de Panamá en la coyuntura actual.

Empecemos pues con la reflexión general. La redemocratización latinoamericana, iniciada a fines de la década de los años setenta e inicios de los años ochenta del siglo pasado, en el marco de la Tercera Ola Democrática, exigió un árbitro y un conjunto de reglas, instituciones y personalidades capaces de organizar y fiscalizar los comicios y poder emitir un veredicto creíble en torno a los resultados de las contiendas electorales en ambientes de mucha desconfianza.

Esta exigencia es una de las claves principales para entender los procesos llevados a cabo en esta temática en la región, y lo que distingue con mejor énfasis y claridad el tipo de problemas que tuvieron que resolver las transiciones en la región latinoamericana para escapar de los autoritarismos y consolidar la democracia.

Precisamente por ello, los últimos treinta años han constituido un tiempo de una inédita e importantísima “invención” en materia de institucionalidad electoral. Los países de América Latina debieron diseñar y poner en marcha los mecanismos necesarios para contar con árbitros electorales confiables para sus elecciones (por la centralidad de éstas para asegurar el tránsito del autoritarismo a la democracia) y, a partir de las historias particulares de cada país, se ensayaron fórmulas variadas que acabaron confluyendo en una tipología y en una tradición propia.

En efecto, la ola democratizadora construyó su propia institucionalidad y, con ello, todos los países latinoamericanos poseen actualmente un órgano estatal de carácter permanente encargado del control y el cumplimiento de la regulación jurídica de los partidos políticos. Este órgano es, en todos los casos, el organismo electoral, al cual se le reconoce independencia funcional y administrativa. Cabe resaltar, asimismo, que los temores de que la institucionalidad, independencia e imparcialidad del órgano electoral se vea afectada por los gobiernos de turno, ha llevado a la mayoría de los países a blindar dichos organismos con normas constitucionales que son más complejas de modificar que las leyes electorales.

En relación con los modelos organizativos de los organismos electorales, cabe apuntar que existen tres modelos principales: el independiente, el gubernamental y el mixto. En América Latina, la tendencia mayoritaria es que los órganos electorales sean organismos autónomos e independientes de los tres poderes estatales. En efecto, la peculiaridad de los organismos electorales de la región no sólo reside en su carácter independiente del Ejecutivo. En general, también desempeñan funciones jurisdiccionales, de ahí su denominación más habitual como tribunales y su naturaleza autónoma de los tres poderes. Más aún, a varios tribunales electorales latinoamericanos se les confiere atribuciones para resolver en última instancia, es decir, de manera final y definitiva, sobre la validez de las elecciones, sin posibilidad de control constitucional por parte de otro tribunal, dado el temor de que por vía del recurso de inconstitucionalidad la eficacia del sufragio popular se vea afectada.

Un tema que reviste particular relevancia para el funcionamiento de los organismos electorales es el que se refiere al nombramiento de sus autoridades. En este ámbito, América Latina presenta una variedad de formas y condiciones de elección, así como un crisol de fórmulas y de instituciones involucradas.

De las diversas modalidades que existen en nuestra región, prefiero la que es independiente de los partidos; es decir cuando los miembros pueden ser nombrados por el Poder Legislativo o por los diferentes órganos del Estado (o más comúnmente por jueces o grupos cívicos), pero conscientes de que son profesionales independientes y que no han sido nombrados por su afinidad partidaria sino por sus méritos, y que una vez que toman posesión de sus cargos ejercen sus funciones con estricto apego a la Ley e imparcialidad.

Es evidente que, desde su propia génesis, la composición de estos órganos es decisiva para el éxito de su misión. En ese sentido, ha habido una clara demanda para que el máximo órgano de control electoral cumpla cabalmente con sus atribuciones en libertad e independencia y no se someta a presiones de partidos políticos, de candidatos, de órganos del Estado o intereses de ninguna especie.

Por lo tanto, el nombramiento de funcionarios independientes que generen confianza en el público y entre los mismos actores políticos constituye una garantía para la idoneidad y profesionalismo que requiere su funcionamiento. Precisamente por estos argumentos, la tendencia mayoritaria en América Latina ha sido legislar a favor de una composición no partidista de los órganos electorales; tendencia que coincide con la posición de la mayoría de la doctrina que igualmente se pronuncia a favor del modelo de autonomía profesional, sobre todo en contextos de polarización política.

 

No cabe duda alguna de que la labor de los organismos electorales es decisiva para garantizar la celebración de elecciones legítimas, de calidad y con altos niveles de credibilidad, todo lo cual redunda de manera positiva en el afianzamiento y consolidación del sistema democrático.

El fortalecimiento de la confianza en el método electoral para la definición periódica y permanente de la competencia para acceder de manera democrática al poder, es uno de los elementos fundamentales para apuntalar ese acuerdo y, en este tema, los organismos electorales desempeñan un papel muy importante.

 

Sin embargo, para satisfacer las expectativas en ellos depositadas es imprescindible que los órganos supremos electorales sean percibidos como organismos imparciales, que dispongan de facultades adecuadas en materia electoral, que gocen de plena independencia, que cuenten con los recursos adecuados en tiempo y forma (económicos, técnicos, humanos y de infraestructura), y que operen de manera eficiente y eficaz.

 

En efecto, los estudios de caso y los análisis comparativos en América Latina y otros contextos democratizadores, en los que la desconfianza y la polarización tienden a ser más pronunciadas, han apuntado hacia la centralidad de los organismos de gestión electoral profesionales, permanentes y autónomos para la conducción de elecciones exitosas y creíbles.

 

El análisis comparado de las elecciones en América Latina durante las últimas tres décadas, medido con base en el índice de partidismo de un organismo electoral, muestra que los organismos independientes y profesionales ofrecen mejores condiciones para celebrar elecciones exitosas y creíbles. Pero, además del importante papel que desempeñan los organismos electorales en relación con la legitimidad y calidad de las elecciones, estas dos variables dependen, asimismo y en gran medida, del comportamiento de los partidos políticos y del grado de su cultura política así como del vigente en el país.

 

Existe, asimismo, otra variable que debe tomarse en cuenta: el Presidente (me refiero al titular del Poder Ejecutivo) en ejercicio tiene un impacto sobre la calidad de las elecciones, con una probabilidad significativamente más alta de elecciones controvertidas cuando él mismo se postula para la reelección, o bien cuando desea utilizar su influencia para que el ganador de la elección sea “su” candidato. Este hallazgo pone de relieve que los presidentes en ejercicio parecen tener los medios y el incentivo para tratar de manipular las elecciones, en particular si los contextos económicos o políticos no son favorables para su reelección. Los partidos en el poder que no postulan candidatos en ejercicio también tienen un impacto significativo, aunque menor, sobre la probabilidad de que las elecciones sean inaceptables. En América Latina, cuando un presidente en ejercicio busca la reelección, la probabilidad de que los procesos electorales sean cuestionados es mucho mayor, como lo demuestran, entre otros casos, las reelecciones con denuncias de irregularidades y fraude de Balaguer, Fujimori, Chávez y más reciente la de Ortega.

 

En síntesis: la trayectoria de estas tres décadas en materia de innovación institucional electoral en la región latinoamericana es reconocible: aquí y allá se construyeron o rehabilitaron organismos especializados en materia electoral; se reforzó su presencia y capacidad, erigiéndolos en organismos constitucionales; se volvieron permanentes y, por último, ante la complejidad e intensidad de la competencia partidista, sus funciones se expandieron y multiplicaron, desarrollando un vasto corpus jurídico e institucional original, singular de nuestra región.

 

Fruto de este proceso, los organismos electorales constituyen hoy instituciones de primer orden dentro de los sistemas políticos nacionales, puesto que muchas de sus decisiones versan sobre asuntos políticos de gran calado y afectan de manera definitiva el futuro y la estabilidad política de los diferentes países.

 

Una tendencia clara y predominante en la mayoría de los países evidencia que durante los últimos años los órganos electorales han venido asumiendo cada vez más funciones. En efecto, sus funciones clásicas fueron ampliadas hacia otras nuevas, inimaginables en el comienzo de las transiciones democráticas. Esta agenda ampliada y en constante crecimiento (la tendencia predominante pareciera indicar que la expansión de responsabilidades y funciones continuará), tiene sus ventajas y desventajas: por un lado evidencia el papel cada vez más importante y la centralidad que los organismos electorales vienen desempeñando dentro del sistema político en materia de gobernabilidad democrática unido a su reconocimiento constitucional.

 

Por otro lado, y precisamente por esa centralidad cada vez mayor, los organismos electorales deben hacer frente a tres amenazas principales que contienen efectos directos e importantes en materia de la gobernabilidad democrática:

 

1)     Los intentos de injerencia, debilitamiento institucional y cooptación de parte del Ejecutivo, así como de los partidos políticos y del Legislativo (en materia de recorte de sus atribuciones, nombramiento de sus miembros, reducción y demora en la entrega de su presupuesto, etc.);

2)     Los intentos de instrumentación de parte del gobierno de turno para utilizar a los organismos electorales y sus facultades ampliadas (sobre todo las que guardan relación con los partidos políticos) para restringir o reprimir a la oposición; y

3)     Los conflictos entre los organismos electorales con otros poderes del Estado, en particular con el Ejecutivo (al intentar este último controlar sus actividades durante las campañas electorales, tensión que se acrecienta en contextos de reelección), con los partidos políticos (al tener cada vez más atribuciones en relación con la vida interna de éstos, en relación con el control del financiamiento, aplicación de sanciones, etc.) y con los medios de comunicación (regulación de los medios, sanciones, etc.). El órgano judicial también ha sido fuente de conflictos al intentar resolver contradictorios electorales cuando es materia exclusiva de los organismos electorales, a través del control constitucional o administrativo, según la legislación de cada país. Los conflictos también están presentes con los órganos legislativos al intentar éstos rediseñar el escenario político cambiando las reglas electorales por conveniencia política y no por equidad electoral, o bien cuando se resisten a aprobar reformas electorales que les han sido enviadas por el órgano electoral y que cuentan con un alto grado de consenso.

 

Este último punto me permite conectar con la reflexión específica sobre el caso del Tribunal Electoral de Panamá y la actual coyuntura político-electoral. He leído y conocido las justificadas preocupaciones de los magistrados del Tribunal Electoral frente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que, al declarar la inconstitucionalidad de actuaciones del Tribunal, se han hecho interpretaciones de la ley electoral y se han adoptado decisiones electorales, a pesar de que ello, en mi opinión, es competencia privativa de la jurisdicción electoral tal como claramente lo establece la Constitución Política de Panamá.

 

Como amigo de Panamá y de los panameños, y parte que he sido del proceso de consolidación democrática y del desarrollo y fortalecimiento institucional del Tribunal Electoral, deseo expresar, de manera respetuosa, mi preocupación por la posibilidad de un enfrentamiento entre estas dos instituciones en torno a los resultados de un proceso electoral. ¿Quién acabaría dirimiendo esas diferencias institucionales? Sería funesto para la democracia panameña considerar siquiera esa posibilidad.

Veo, asimismo, con preocupación, la gestación de un microclima preelectoral, de cara a las elecciones del año 2014, cargado de tensiones e incertidumbres: la viabilidad o no de unas reformas constitucionales y su “timing”; intentos (atribuidos y desmentidos) de búsqueda de la reelección presidencial; denuncias (igualmente atribuidas y desmentidas) de injerencias indebidas del Poder Ejecutivo en la vida institucional del Tribunal Electoral; demora en la Asamblea de Diputados para aprobar los cambios a la ley electoral, cambios que fueron consensuados por todos los partidos políticos y toda la sociedad civil en un arduo año de trabajo en 2010, y un largo etcétera.

Esto no es lo que Panamá se merece después de haber padecido la crisis política-institucional y la invasión de 1989. Esto no es lo que Panamá se merece después de haber recuperado su democracia y de haber logrado crear, en estos veintidós años, uno de los sistemas democráticos más estables con uno de los tribunales electorales con mayor credibilidad y prestigio de todo el continente.

Por ello, me permito invitar a todos los sectores a que REFLEXIONEN –como lo hace el libro que hoy presento– con serenidad y seriedad, con profundo espíritu patriótico y sentido de la historia, para –como correctamente lo pide también esta obra editorial del Tribunal Electoral– hacer todo lo que esté al alcance de todos y cada uno de ustedes, con el propósito de garantizar que el año 2014 los encuentre nuevamente celebrando una fiesta electoral en la que los vencedores sean humildes y magnánimos en su victoria y los perdedores acepten de buena manera los resultados proclamados por la justicia electoral, para de este modo enviar un claro mensaje al interior del país y fuera de sus fronteras: Panamá sigue siendo capaz de forjar su propio destino, en paz, en libertad, en democracia, sin el uso de la fuerza y sin intervención extranjera.

MUCHAS GRACIAS