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Discursos
18.11.09 18:06 Antigüedad 8 meses

Discurso del Magistrado Vicepresidente Eduardo Valdés Escoffery En el acto de Homenaje Póstumo al Presidente de la República de Panamá (1989-1994)

Categoría: Discursos

 

Para hablar de la presidencia de Guillermo Endara, tenemos que  remontarnos al Panamá de 1990, hace más de diecinueve años.

 

Nuestra juventud, que dicho sea de paso, ha venido preocupantemente disminuyendo su participación en las elecciones generales, poco o nada recuerda los sacos de arena y los alambrados de púas que hacían barricadas en las calles y edificios públicos de la ciudad de Panamá, en los días que siguieron a la trágica invasión del 20 de diciembre de 1989. 

El insólito e impune saqueo que arrasó con los inventarios de múltiples negocios, llevando a muchos a la quiebra y a otros al borde de ella, forma parte del alto precio que tuvo que pagar la economía nacional, para recuperar su plena libertad democrática.

Hoy no concebimos cómo podríamos vivir dos meses sin el funcionamiento de los bancos, el congelamiento y restricción de nuestros depósitos.

Todo eso forma parte de nuestra historia.

Pero la creatividad panameña y su inquebrantable fe de que mejores días tendrían que venir, supo demostrarle al mundo que el pequeño istmo de Panamá es una nación con identidad propia, por compleja y heterogénea que sea; que es una nación con recursos que van más allá de su tamaño y de la carencia de recursos naturales; que es una nación que tiene un pueblo noble que sabe decidir en las urnas y que no pierde la esperanza de que una vez consolidada la democracia formal de tener elecciones transparentes, como se ha logrado, vendrán soluciones permanentes a sus graves problemas.

La persona que simbolizó esa nobleza, esa dedicación y el respeto por los principios democráticos, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, fue el presidente Guillermo Endara.

En la noche de hoy, vamos a hacer  un recorrido cronológico en su relación con la justicia electoral entre 1990 y 1994.

Tan pronto asumió el poder, el presidente Endara pudo, como algunos se lo aconsejaron, haber planeado la convocatoria a una Asamblea Constituyente y haber aprovechado las circunstancias desiguales en que se encontraban las fuerzas populares y políticas en el país, para imponer el modelo de gobierno que más se le acomodara. Pero no. Eso no fue lo que hizo.

Bajo su responsabilidad y la de sus dos vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, el Ejecutivo expide el Estatuto de retorno inmediato a la plenitud del Orden Constitucional, donde se compromete a integrar los demás órganos del Estado de conformidad con las normas constitucionales, y establece que mientras se instale la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gabinete ejercerá dicha función mediante decretos de Gabinete acordados por unanimidad.

Prefirió que el mismo Tribunal Electoral de ese entonces, que había anulado las elecciones de mayo y le había arrebatado su legítimo triunfo, reconociera que, en efecto, el pueblo panameño lo había escogido como Presidente de la República para el período 1989-1994, junto con sus dos vicepresidentes.

Ejerciendo su facultad constitucional, nombró una nueva Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación y Procurador General de la Administración, sujetos a la ratificación legislativa. Todos con autoridad y capacidad para enfrentar una crisis y un caos sin precedentes. Interinamente, nombra al Contralor General de la República, hasta que la Asamblea se instalara e hiciera la designación que le correspondía.

El Órgano Legislativo se instaló el 1 marzo de 1990.

Cuando los nuevos magistrados llegamos al Tribunal Electoral , Guillermo Márquez Amado, Dennis Allen Frias y quien les habla, entre junio y agosto de 1990, nos encontramos con que hacía falta por proclamar a 9 legisladores, 160 representantes de corregimiento y 5 concejales, por la insuficiencia de actas para proclamar resultados. El 13 de septiembre de ese año, se decide convocar a nuevas elecciones parciales para el 27 de enero de 1991 y no proclamar en base a los resultados parciales que se tenían. Algunos en el Gobierno no compartían esa tesis pero la decisión fue acatada por el Ejecutivo, y los recursos fueron asignados para el primer evento electoral, a escasos 13 meses de la invasión. El ejercicio de los derechos políticos fue respetado, en particular los de la oposición, cuando muchos de sus militantes cumplían arresto preventivo en las cárceles del país.

Se trataba de lugares de difícil acceso donde tradicionalmente se fraguaba la alteración de la voluntad popular, pero con apoyo del Ejecutivo, el Tribunal Electoral pudo acceder a fondos internacionales  que le permitieron instalar un sistema de radio VHF para transmitir los resultados en la misma noche de la elección, con apoyo de la policía, en lugar de a pesar de la policía. Esa semilla de fondos, fue la base de la red nacional de radiocomunicación que tiene la institución hoy en  día, al margen de las que tienen las entidades del Gobierno nacional, precisamente para asegurar la independencia en la transmisión de los resultados electorales. Antes de 1991, el Tribunal Electoral estaba totalmente en las  manos de la logística de comunicación del gobierno de turno.

En aquel primer ejercicio del sufragio popular, la mayoría de los legisladores y representantes de corregimiento que resultaron electos, fueron de la oposición al gobierno de Endara, y el Tribunal Electoral les extendió su credencial sin interferencia alguna del Ejecutivo, no sin antes cumplir con el debido proceso evacuando las impugnaciones que se presentaron en contra de los candidatos proclamados. Aquellos tiempos en que el Órgano Ejecutivo se prestaba para presionar al organismo electoral y alterar la voluntad popular durante la etapa de las impugnaciones, quedaban en el pasado. Las cosas comenzaban a cambiar en el país en materia electoral.

Para ese primer evento, el Tribunal crea por decreto, al Cuerpo de Delegados Electorales, basado en el modelo  de la hermana república de Costa Rica, que recibió, eventualmente, el reconocimiento del presidente Endara y sus jefes de la Fuerza Pública. No fue fácil, pues era la primera vez que civiles, que trabajan como voluntarios, tendrían autoridad delegada por el Tribunal Electoral para darle órdenes a la Fuerza Pública a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y candidatos frente a las autoridades, y para mediar en conflictos entre adversarios políticos. Siendo una  novedad desconocida en Panamá, el presidente Endara fue cauteloso frente a la idea, pero escuchadas las virtudes y hechas sus consultas, respaldó al Tribunal.

El 31 de octubre de 1991, el Tribunal Electoral reconoce al Partido Arnulfista como partido legalmente constituido, y entrega la resolución correspondiente a quien había sido elegido en la Convención Constitutiva: Mireya Moscoso. El acto se celebra en el Tribunal Electoral y el presidente Endara comparece sin preferencias ni protocolo alguno por su cargo, como uno más del partido, ya que decidió no aspirar a ningún cargo dentro de él.

En 1992 se comienza a planear la convocatoria a un Referéndum para aprobar o rechazar reformas constitucionales. De cara a ese evento, el Tribunal logra, con  apoyo del presidente Endara, la aprobación de una ley con dos temas importantes: Primero, se obliga al Ejecutivo a poner a disposición de la justicia electoral, toda la flota vehicular, marítima y aérea, para poder asegurar la compleja logística en la que descansa toda consulta popular; y segundo, se elevan a rango de ley, las normas reglamentarias del decreto del Tribunal creando el Cuerpo de Delegados Electorales.

Para fortalecer la autonomía de la justicia electoral, se recurrió a otra tradición costarricense: la de transferir el mando de la Fuerza Pública al organismo  electoral antes de cada evento electoral, para respaldar todas las decisiones en materia electoral frente a las históricas injerencias del Ejecutivo. A ese efecto, el Tribunal conversa con el presidente Endara y obtiene su anuencia para que, aún sin la existencia de un mandato legal, el traspaso se dé 6 días antes del evento electoral, convencido como estaba, de la necesidad de reivindicar la transparencia de los procesos electorales. El Tribunal expide un decreto, reglamenta la materia y el día del traspaso, el acto se celebra en la sede del Tribunal, donde comparece el presidente Endara con su Ministro de Gobierno y Justicia, Juan B. Chevalier, y se escribe, así, otro importante capítulo de la historia política panameña.

Durante la campaña, de igual manera, el Ejecutivo acata las decisiones de la justicia electoral, para asegurarse de que no se usarían los recursos del Estado para defender el SÍ en el referéndum.

Y cuando en la noche del día 15 de noviembre de 1992, se conoce el veredicto popular, ganando la consigna del NO, que había enarbolado la oposición como  bandera, inmediatamente reconoce los resultados, y pasa la página para seguir trabajando en reconstruir al país.

A todo esto, desde 1991, la primera Comisión Nacional de Reformas Electorales trabajaba afanosamente con los partidos políticos y la sociedad civil, para producirle al país el primer avance importante en el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.

Muchas fueron las innovaciones de esa primera e histórica reforma pero destaco las siguientes:

Primero: Se introduce la Boleta Única de Votación por tipo de elección, y se pone fin a las boletas separadas de cada partido que permitía un sinnúmero de prácticas fraudulentas. Incluso ya aprobada la reforma y faltando semanas para las elecciones, algunos políticos se nos acercaban con preocupación anticipando un incremento sustancial en los votos nulos, lo que podría afectar la legitimidad de la elección. Pero no fue así. El pueblo panameño no solo salió a votar masivamente sino que demostró que no debemos subestimarlo. Asimiló sin problemas la nueva forma de votar, tal como lo hicieron en su oportunidad el resto de los latinoamericanos cuando en sus países se introdujo la boleta única de votación.

Segundo: Se hace ley la obligación del traspaso de la Fuerza Pública al Tribunal Electoral.

Tercero: Los representantes del Tribunal en las corporaciones electorales, serían los únicos en tener derecho a voz y voto en las decisiones. Esto ponía fin a la práctica de los gobiernos de tener en las mesas de votación, la mayor cantidad de partidos para poder controlar las decisiones. Los partidos quedaron con derecho a voz y a que sus quejas o denuncias se recogieran en las incidencias del acta.

Cuarto: Se estableció que los alcaldes serían electos en vez de designados por el Ejecutivo, quitándose el Gobierno otro factor de poder en pro de la democracia.

Quinto: Se eliminó  la potestad del Tribunal de anular de oficio las elecciones.

Y sexto, se sube de 4 a 6 meses, el plazo para renunciar que tendrían los funcionarios públicos que señala el Código Electoral, si aspiran a un cargo de elección popular.

Esa primera reforma electoral quedó plasmada en la ley 17 de 30 de julio de 1993.

Y así llegamos al primer gran evento nacional en el que estaría en juego el poder político del país: las Elecciones Generales del 8 de mayo de 1994, donde participan 15 partidos políticos y 6 candidatos presidenciales, dos de ellos vinculados  previamente al gobierno del Presidente Endara, y frente a los que mantiene la más estricta neutralidad como lo manda la Constitución.

Faltando pocas semanas para las elecciones, surge una controversia política sobre la manipulación de encuestas, y el 12 de abril el Tribunal expide un decreto reglamentando, por primera vez la materia, e impone una veda de 10 días antes de la elección para la tranquilidad en la parte final del proceso. Para ello, nos basamos en la reglamentación colombiana que ha estado siempre muy avanzada en este aspecto.

Por el ámbito de la sociedad civil, la Comisión de Justicia y Paz, impulsada por monseñor Marcos Gregorio McGrath, y presidida por el Dr. Stanley Muschett, organizaba la primera observación electoral nacional independiente, integrada por cerca de 2 mil observadores panameños, y que habría de utilizar dos tipos de herramientas: un exit poll para tener información en el curso del día, y un conteo rápido más amplio, basado en resultados oficiales de las mesas de votación.

No solamente el Tribunal, sino el presidente Endara, endosaron esa iniciativa de observación nacional para dar más tranquilidad al proceso electoral. Sería la última vez en la que el presidente Carter, se hiciera presente en Panamá para unas elecciones.

Ya conocemos el resultado de aquella primera prueba nacional después de la invasión y reorganizado el Tribunal Electoral: gana la oposición por 45 mil votos, representando un margen de 4%, y esa misma noche, todos los adversarios reconocen los resultados, incluyendo el presidente Endara.

Finalizo mi intervención diciendo que jamás, ni en ese proceso ni ningún otro momento a lo largo de muchas otras oportunidades de conflicto que surgieron entre el Tribunal  y el Ejecutivo, Guillermo Endara utilizó su poder como Presidente de la República para presionar, directa o indirectamente, a la justicia electoral, o para tomar represalias en contra de ella, por más que no hubiera estado de acuerdo con la decisión.

Él sentó la tónica que han seguido sus sucesores en el más alto cargo de elección popular al que pueda aspirar un ciudadano panameño.

Con ese mismo respeto que se le brindó a la justicia electoral, el Tribunal Electoral honra la memoria del presidente Guillermo Endara Galimany.

Muchas gracias.