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Comisión Nacional de Reformas Constitucionales Electorales - noticias contenido

Notas de Prensa
19.07.11 11:13 Antigüedad 6 meses

A Comisión de Notables Entregan propuesta de reformas constitucionales en materia electoral

Categoría: Notas de Prensa, Comisión Nacional de Reformas Constitucionales Electorales

Por: Daniel Carrasco

Los magistrados del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, Eduardo Valdés Escoffery y Erasmo Pinilla C.,  acompañados de miembros de la Comisión Nacional de Reformas Constitucionales Electorales (CNRCE),  entregaron este martes 19 de julio al pleno de la Comisión Especial de Consulta de Reformas a la Constitución Política, la  propuesta de reformas constitucionales en materia electoral que fue consensuada por representantes de partidos políticos, la sociedad civil y la institución.

El magistrado presidente del TE, Gerardo Solís, explicó al pleno de  los Comisionados la propuesta que hace la institución, la cual se hace eco de la CNRCE que por dos meses estuvo discutiendo qué temas “queríamos proponer que se mejoraran en la Constitución que tengan que ver exclusivamente con la materia electoral”. Dijo que la propuesta incluye tres grandes sectores como el fortalecimiento institucional del TE, fortalecimiento institucional de la Asamblea con el tema de los diputados nacionales y un tema de fortalecimiento y más garantías de la protección a los derechos humanos.

Por su parte, el coordinador general de la Comisión Especial de Consulta de Reformas a la Constitución Política, Dennis Allen Frías, señaló que la propuesta del TE se evaluará con detenimiento, porque está en el ánimo de esta Comisión el fortalecimiento de la democracia, por lo que “vamos a cumplir con la nación y con el Tribunal Electoral”.

Entre las propuestas está la de elevar la denominación del organismo electoral a Tribunal Supremo Electoral, como es la denominación del organismo en la región latinoamericana, de manera tal que se defina como lo que es, un organismo ajeno al resto de los poderes del Estado y con jerarquía suficiente para afrontar con determinación y liderazgo los retos que impone el cumplimiento de las funciones que por mandato constitucional le han sido impuestas para garantizar  el fortalecimiento de la democracia.

Otra de  las propuestas presentadas está la elaboración del Padrón Electoral como atribución privativa del TE, toda vez que por mandato constitucional existe la posibilidad de que organismos estatales ajenos a la labor electoral participen en esta tarea.

En el documento también se solicita la corrección en la redacción de la norma constitucional que se refiere a la participación del organismo electoral en los trámites de migración y naturalización, considerando que el organismo electoral solo participa en los trámites de naturalización, quedando los trámites de migración en manos exclusivas del Servicio Nacional de Migración.

Igualmente se aspira a mayor garantía de certeza en la legislación electoral, de manera que el TE tenga una participación más preponderante en la aprobación de la legislación electoral, en el sentido de que si bien se reconoce la potestad constitucional de los órganos del Estado para presentar proyectos de leyes en materia electoral vigente, no menos cierto es que estos deben ser coherentes con el sistema electoral vigente.

La propuesta incluye igualmente el fortalecimiento de la integración de las corporaciones electorales, mediante la modificación de una norma constitucional que restringe a un número considerable de ciudadanos el poder desempeñarse como miembros de mesa y juntas de escrutinio como parte de la transparencia del proceso electoral panameño.  Se menciona el caso de los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que son rechazos elección tras elección. “La adopción de esta reforma permitirá al Tribunal Electoral poder contar con los servicios de ciudadanos probos para la sagrada labor de hacer efectiva la decisión del electorado”, indica el documento.

De igual manera, se solicita incorporar al cuerpo constitucional la nueva estructura del Órgano Legislativo, que se ha propuesto en la última reforma electoral, y se trata de la creación de los Diputados Nacionales, lo cual, se indica, busca ampliar la calidad del debate legislativo mediante la incorporación de personas que no representen una pequeña porción de la geografía nacional, sino a la totalidad del electorado panameño, y por tanto, su visión y óptica para la solución de los problemas nacionales no se circunscribiría a un área en particular.

En términos concretos, la propuesta es establecer 10 diputados nacionales dentro de los actuales 71, haciendo la salvedad de que estos resultan electos en un circuito plurinominal de índole nacional.

En otro aspecto se propone que la nacionalidad panameña, independientemente de la forma en que se adquiera, no se pierda, y que los derechos inherentes a esta solo queden invalidados por renuncia expresa de la persona.

Por otro lado,  se solicita elevar a rango constitucional la fiscalización posterior que debe ejercer la Contraloría General de la República, lo cual no es nuevo, y que en la actualidad se viene verificando como parte de un plan desarrollado por aquella entidad a fin de facilitar las actuaciones de las distintas dependencias públicas, lo que contribuiría al fortalecimiento institucional mediante más autonomía financiera. La medida solicitada, ayudaría en enormes proporciones al fortalecimiento de la autonomía institucional del organismo electoral, ya que administraría sus recursos libremente sin obstáculos administrativos que, en determinados casos, retrasen el buen funcionamiento institucional con lo cual aumentaría el campo de acción de los servicios que se prestan.

Finalmente,  se aspira a que el Tribunal Electoral tenga una participación más preponderante en la aprobación de la legislación electoral, en el sentido, de que si bien se reconoce la potestad constitucional de los Órganos del Estado para presentar proyectos de leyes en materia electoral, no menos cierto es que estos deben ser coherentes con el sistema electoral vigente, y para ello, los proyectos de ley que no emanen del Tribunal Electoral, deberán contar con su aval antes de la presentación  a la Asamblea Nacional, tal como ocurre en países como Costa Rica.

De igual modo, se busca que la ley electoral no pueda ser modificada antes de un proceso electoral, de forma tal que exista una seguridad jurídica sobre las reglas que deberán aplicarse para el mismo.