Con la Declaración de Panamá, culminó exitosamente este viernes la II Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, en la que se acuerda la necesidad y conveniencia de celebrar anualmente esta Conferencia, de diseñar una estructura que permita la continuidad y aprovechamiento de la experiencia y establecer de forma permanente el intercambio de experiencias entre países participantes.Igualmente que la próxima conferencia se realizará en la ciudad de Ecuador, Quito en el año 2011, a fin de compartir experiencias en materia en materia de Justicia Electoral en la que coadyuvarán para estrechar los vínculos de coordinación y consulta entre países participantes.El documento también señala constituir una unidad tripartita, designar al Centro de Capacitación Judicial Electoral como centro de formación complementario, incluir en las próximas conferencias, algunos temas que interesen en particular al organismo sede para que sean objeto de discusiónDe igual manera la declaración manifiesta reconocer los esfuerzos del Dr. Mariano Rodríguez Rijo, Presidente de la Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central Electoral de la República Dominicana por su iniciativa de realizar la I Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral. Durante los tres días que duró el encuentro los expertos desarrollaron sobre Justicia Electoral y Justicia Constitucional, las experiencias de España, México, Panamá y Uruguay. Abordaron además el tema de la perspectiva de género en la Justicia Electoral.De la misma manera expusieron sobre la Propaganda Electoral frente a la libertad de Expresión y la libertad de Información y la Autonomía de los Partidos Políticos frente a la Justicia Electoral a fin de garantizar su democracia interna, las experiencias de México, República Dominicana y Perú. El evento fue auspiciado por el Tribunal Electoral Panamá, IDEA Internacional de Suecia y del Gobierno Nacional de Panamá, por conducto del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Además contribuyeron con el evento, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.
