Señores magistrados del Tribunal Electoral, Eminencia, cardenal de Panamá, presidente de los delegados electorales, señor ex presidente Pérez Balladares, señor ex vicepresidente Lewis, señor Varela, del Centro Carter, señoras, señores. Empezaré por decir, que es un privilegio sin ninguna duda, el haber recibido la invitación del Tribunal Electoral y la invitación del Centro Carter para contribuir con algunas reflexiones en un momento tan importante en la democracia panameña, que tiene que ver con una tradición de la que Panamá puede y debe sentirse profundamente orgullosa, el haber constituido de manera institucional, una comisión que tiene como tarea el análisis del proceso electoral previo, y la proposición de lo que vendrá a futuro para mejorar y corregir aquello que no ha funcionado adecuadamente. En ese contexto es que intentaré compartir con ustedes algunas ideas vinculadas a una palabra fundamental, que es la palabra “integridad” y hacer un matrimonio entre esa palabra y la otra que es fundamental en la democracia: elecciones. Integridad y elecciones.Permítanme previamente el elogio que, cuando uno está en el país tiene tendencia a no aceptar, o a descalificar si viene desde dentro. Hacer el elogio desde un país amigo como Bolivia de una democracia como la panameña, podrá aparecer cuando hay tantos elementos de análisis autocríticos excesivo, pero creo que no lo es. Creo que debemos hacer un elogio del proceso de construcción institucional de la democracia, y en particular, de los procesos electorales en Panamá, reconocer de manera especialísima el crédito y el prestigio que tiene el Tribunal Electoral, no entre los partidos políticos que probablemente tendrán muchos elementos para criticarlo, sino en quien realmente importa, que es la opinión pública panameña. El que el Tribunal Electoral sea una institución respetada, es una afirmación de solidez institucional y un pilar básico que garantiza un futuro con esperanza positiva. Los avances operativos del Tribunal en muchos sentidos destacables, mencionar, por ejemplo, el hecho de que se pueda desarrollar el voto por Internet desde el extranjero para las elecciones en Panamá es un elemento importante, pero sobre todo, la construcción de esta idea transformada en institución, de una comisión de análisis y reformas del proceso electoral, es probablemente uno de los aportes más significativos que Panamá puede mostrar con orgullo, y particularmente transmitirlo con orgullo a otros países de América Latina, una comisión que, aunque no tiene, por razones obvias una naturaleza de carácter vinculante en sus decisiones, que dependerán de la aprobación o no de la Asamblea, evidentemente tiene una fuerza institucional tan grande que, de hecho permite, como ocurrió en el pasado, con alguna excepción, esperar que esos aportes en los que la sociedad en su conjunto discute estos temas, sean tomados en consideración y se transformen en modificaciones reales y objetivas para Panamá. Quiero subrayar precisamente, el hecho de que esta comisión integra a los partidos políticos, al poder Ejecutivo, al poder Legislativo, al Tribunal Electoral, y a la representación de la sociedad panameña que está más allá de esas estructuras, institución que reconoce en esos representantes de la sociedad panameña, un derecho a voz y un derecho a voto, lo cual tiene una grande significación. ¿En qué sentido? En un sentido que tiene que ver con la idea de “integridad”, en el sentido de que la naturaleza de los procesos electorales y de la construcción institucional de la república, del republicanismo, de la idea de una democracia republicana, tiene un gran camino por delante en este siglo XXI, que es ampliar la participación democrática. Constatar que la representación, que la intermediación que los partidos políticos tienen a nombre de la sociedad es fundamental e imprescindible para que la democracia funcione, pero parece insuficiente en virtud de los mecanismos y la dinámica en la que funciona hoy la democracia del siglo XXI, no solamente por la conciencia de los ciudadanos, sino por los mecanismos que estos tienen para comunicarse, para decir, para expresarse, las redes sociales, el desarrollo impresionante de una revolución tecnológica que ha transformado el mundo de hoy, tiene un impacto directo sobre el funcionamiento de nuestras democracias, y en consecuencia, los márgenes y los límites de la idea de lo republicano deben flexibilizarse, dinamizarse y ampliarse; y en ese contexto, una comisión como la que Panamá tiene es una muestra que podría transformarse en algo, si vinculante como una institucionalidad que se acepte en la transformación eventual de la Constitución de este país, o en una transformación eventual de los procesos constitucionales de América Latina. Creo que es clave entender que, sin romper un milímetro la filosofía y los principios de la “res pública” , de la república como idea rectora de la construcción de lo democrático, es imperativo, no diré ya necesario; es imperativo que nuestros textos constitucionales sin traicionar esa filosofía, sean capaces de incorporar mecanismos de participación que estén más allá de una lógica tradicional probablemente decimonónica que tuvo vigencia importante en el siglo XX, pero que en la segunda mitad del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI comienza a plantearnos preguntas de fondo muy importantes. En ese contexto, la idea de integridad electoral tiene que ver con un salto cualitativo del hecho de votar hacia la calidad que ese voto represente en la sociedad que está votando. La idea de integridad electoral parte de una premisa que es el punto de partida de la reflexión. Un importantísimo trabajo realizado por Naciones Unidas que fue presidido por el ex secretario general de esa organización, Koffi Anan, hizo precisamente una valoración de la realidad democrática mundial e incorporó esta palabra que es tan importante: integridad. La valoración indica que apenas algo más de una docena de países del mundo no tienen procesos electorales, es decir, que la gran mayoría de los países del planeta, se movilizan en su desarrollo político a través de procesos electorales. Está claro, sin embargo, que esa constatación, el camino hacia la democracia de la sociedad planetaria no tiene un desarrollo común y equivalentes, y hay procesos históricos que tienen una tradición que permiten afirmar la fortaleza de los mecanismos democráticos en algunas naciones, el camino hacia un perfeccionamiento en otras, el proceso de institucionalización todavía en desarrollo, y el balbuceo hacia la democracia, lo que marca calificación distinta en unas regiones que en otras. La buena noticia obviamente, es ese camino hacia el uso del instrumento electoral, como un mecanismo imprescindible para construir el poder político y su legitimidad. En ese contexto, habría que decir que América Latina está en un estadio de desarrollo importante alto en términos generales y que ha podido consolidar la regularidad de los procesos electorales y en términos aceptables el garantizar que esa regularidad tiene rasgos, niveles de credibilidad significativos. Pero, es indudable que ese mecanismo, que ese proceso, que esa realidad, tiene muchísimos desafíos no cubiertos todavía. Y un elemento en el que quiero hacer énfasis, que es fundamental, tiene que ver con la categoría que le damos como sociedad al hecho electoral. El hecho electoral que es, sin dudas, el hecho más importante en democracia, no el único, no suficiente, pero sí imprescindible, debe entrar en la categoría del desarrollo humano en la categoría de las condiciones de vida, en la categoría de aquello que define el estado en que funciona una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos una valoración –voy a utilizar la terminología que está en proceso de evolución, pero que vale hoy día— el Índice de Desarrollo Humano de una sociedad, hacemos una serie de consideraciones, pasamos de lo que fue una valoración estrictamente económica de cifras, de producto interno bruto, ingreso per cápita, etc. a un elemento complementario fundamental que tenía que ver con derechos humanos, que tenía que ver con calidad de vida, y allí hablábamos de educación, hablábamos de salud, hablábamos de igualdad, hablábamos de oportunidad, etc., que nos permitió un índice que calificara el grado de desarrollo de una sociedad determinada.La propuesta del informe al que hago referencia, tiene que ver con el salto en la calificación del tema electoral. La calidad electoral de una sociedad debe incorporarse en un elemento, como un elemento imprescindible e inherente del conjunto de esos otros aspectos a los que he hecho referencia, que permitan definir el grado de desarrollo humano de una determinada sociedad. No es solamente un problema de medición, no tiene que ver exclusivamente con el hecho de que tú digas: Ah, este es un indicador más, qué grado de transparencia, qué grado de integridad electoral tiene una sociedad, porque sería simplemente una cuestión de reformulación estadística subjetiva u objetiva. ¡No! Tiene que ver con el lugar, la importancia y la trascendencia que le damos al proceso electoral, para entender que este es significativamente importante para garantizar la calidad de vida de la sociedad.¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con aquellos y aquellas a quienes elegimos para administrar nuestra sociedad , para administrar nuestros recursos, para decidir sus prioridades, para gestionarlas y para generar los resultados que estamos buscando. En otras palabras, todos aquellos indicadores que tienen que ver con educación, salud, oportunidad e igualdad de género, etc., dependen de esas personas que elegimos., y en consecuencia, cómo las elegimos y los mecanismos que hacen posible su elección legítima y creíble son tanto o más importantes que la propia gestión que desarrolla.. No habrá una legitimidad en la acción de administrar los asuntos de la “res pública” , de la cosa pública, si no garantizamos que quienes son elegidos realmente lo hayan sido a través de mecanismos adecuados. Este es el concepto, la filosofía fundamental de establecer una valoración, darle un grado cualitativo muy importante al nivel de integridad en un proceso electoral. Dicho esto, intentemos desentrañar brevemente el concepto, la palabra “integridad”. Lo que vale para una persona, vale para el proceso electoral. ¿Qué es, quién es una persona íntegra? Aquella que actúa correctamente, aquella que garantiza honestidad en su vida diaria, aquella que no tiene nada que ocultar, aquella que combina el comportamiento correcto en los términos de los valores éticos de la sociedad en que funciona, con la idoneidad en el trabajo que realiza. Esos elementos son equivalentes en el hecho colectivo de un proceso electoral. Un proceso electoral es íntegro, tiene integridad para decirlo mejor, cuando cumple requisitos básicos que nos permiten garantizar un juez creíble, un administrador del proceso electoral independiente en el contexto de una sociedad democrática que respeta la independencia y coordinación, pero fundamentalmente, la independencia de los poderes del Estado, un juego democrático en el que ninguna fuerza tiene mayor influencia o ventaja o capacidad por el poder que ejerce sobre las demás, un proceso que es capaz de rendir cuentas, y un proceso que tiene un balance y que tiene contrapesos que frenen los excesos del poder. Estos aspectos que son definiciones genéricas de carácter conceptual, pueden medirse y pueden establecerse con mucha claridad en un proceso electoral, y para no entrar en la pura abstracción, pueden ser evaluados, por ejemplo, en el caso de la democracia panameña. En términos generales, varios de esos pasos han sido dados positivamente aquí y en el conjunto de América Latina. Pero, es incuestionable que hay pasos que pueden haberse dado en la lógica de la ley, pero no en la práctica cotidiana, o hay pasos que todavía no se han incorporado a la lógica de la ley. Y algunos de ellos vale la pena subrayarlos porque probablemente son los elementos más sensibles a los que nos tenemos que enfrentar. El cardenal ha hecho una referencia a tres momentos del proceso. El momento anterior a la elección y el momento en que se produce la elección y el momento posterior a la elección.En términos generales, habíamos apuntado que en América Latina casi siempre nuestros reflectores al día de la elección, a la idea de si se podía hacer fraude en la manipulación del voto, y por lo tanto, traicionar la esencia de quien lo ha emitido, y eso casi siempre, incluso todavía hoy sigue estando en el reflector principal de la preocupación de los medios y de la ciudadanía.El avance tecnológico, el avance de los árbitros y la garantía de su transparencia en los términos generales, los mecanismos y los procedimientos han achicado de manera dramática en el mejor de los sentidos, las posibilidades de manipulación del voto en el día de su emisión.El problema muy bien lo subrayaba el cardenal, está en un largo “antes” ,el “antes” en el que hay varios elementos que debemos definir, un primer elemento que en este país está claramente marcado, positivamente marcado, es el financiamiento público de los partidos políticos a través de reglas proporcionales correctas y a través de adiciones que tengan que ver con los resultados más o menos exitosos que en el proceso electoral esos partidos tienen.El financiamiento público de los partidos es imprescindible porque es uno de los instrumentos que permite su funcionamiento y que limita relativamente el ingreso que los partidos necesitan para funcionar, tanto, durante las elecciones como durante el ejercicio político estén en el gobierno o estén en la oposición. El manejo del financiamiento público tiene que ver con el financiamiento en sí mismo, con la forma en que se usa, y con la rendición de cuentas de ese financiamiento, pero no ofrece mayores dificultades en la medida en que tú sabes la cifra que han recibido y por lo tanto, es esa cifra sobre la que tienen que dar una rendición de cuentas claras.El segundo elemento que es el más complejo, el más polémico, el más delicado, tiene que ver con el financiamiento privado. El financiamiento privado no tiene límites claros, y en un extremo debe ser amplio y abierto, porque ese es un ejercicio democrático; en el otro extremo debe desaparecer porque da lugar a falta de transparencia, a falta de rendición clara de cuentas, y a agujeros negros difícilmente discernibles.Una primera premisa es que parece imposible suponer que no puedes o que digamos que puedes limitar o prohibir el financiamiento privado. Podría ocurrir si el financiamiento público fuera lo suficientemente amplio y lo suficiente para llevar adelante el trabajo de los partidos, pero podría marcar protestas o limitaciones de derechos democráticos, pero es parte de un debate legítimo., es decir, desde la lógica de, sí, por supuesto que tiene que haber financiamiento privado hasta la lógica de no, el riesgo al que estamos enfrentando es tan grande que hay que eliminarlo. Sea cual fuere la definición, suponiendo que el financiamiento privado sea una parte necesaria y una parte aceptable de la forma de respaldar a los partidos políticos; lo que no puede aceptarse es “semitransparencia”; es decir, o se es transparente o no se es transparente. No existen los medios caminos.Si un partido político recibe una equis cantidad de dinero, no solamente debe conocerlo el Tribunal Electoral, sino que debe conocerlo el conjunto de la opinión pública, y el conjunto de la opinión pública debe saber quién y cuánto; y los partidos políticos deben tener la obligación a través de una página web de poner explícitamente quiénes y cuánto han dado a sus campañas. Ustedes me dirán que eso es una ingenuidad, y que un partido político puede discrecionalmente transparentar una parte y ocultar u opacar otra parte, lo cual es cierto. Pero, desde un punto de vista de una reglamentación clara, si es imperativo el hacer transparente aquello que has recibido, y si tú tienes los instrumentos jurídicos lo suficientemente fuertes con una institucionalidad lo suficientemente clara, tendrás que jugar al riesgo como partido político, de la posibilidad de que aquello que no fue transparentado, se pueda convertir potencialmente, no solamente en un delito, que lo es, sino en la posibilidad de cuestionar todo tu actuar como partido político.Es decir, puede pensarse que es una ingenuidad, pero marca unos límites muy importantes e imprescindibles, sobre todo, en una región, América Latina, en la que el crimen organizado está empezando a tomar un papel fundamental, lamentablemente, en la acción política, en la administración de la política, en la penetración de los procesos electorales y en la cooptación de líderes políticos. En el caso de Panamá, el tema es todavía marginal, afortunadamente, pero los elementos que garanticen que eso no vaya a crecer, tienen que estar trabajados desde la legislación. En otras palabras, el tema del financiamiento privado es crucial, es probablemente uno de los aspectos medulares de la idea de integridad, de la búsqueda de la integridad en la construcción de la democracia electoralmente consistente. El siguiente elemento tiene que ver con otro de los problemas que se ha enfrentado en el país en la última elección.: el uso discrecional del poder gubernamental en recursos que generan una evidente desproporción en la campaña y en la contienda electoral. Cómo defines aquello que el Gobierno puede hacer desde el punto de vista de la propaganda como parte de su tarea cotidiana y aquello que de hecho se convierte en una forma no indirecta, sino directa y descarnada de propaganda política por el candidato o la candidata oficialista. Este es un aspecto que tiene que ver con reglas claras de cuáles son los límites, no solamente en la forma de hacer propaganda de lo que estás realizando, sino sobre todo en el uso de recursos materiales de la administración pública sea nacional, sea provincial, sea municipal.La limitación explícita e inequívoca de lo que puedes y no hacer es clave, pero ahí como en el tema de la financiación, tienes que marcar dos elementos que son fundamentales: uno, leyes y reglas claras, definición de la naturaleza del delito, establecimiento de la diferencia entre un delito civil o un delito penal electoralmente hablando, y por supuesto, la constitución de un instrumento clave que es la fiscalización. El fiscal tiene que ser una personalidad cuya credibilidad sea tanto o más alta que la del propio Tribunal. Si tú no construyes un conjunto, si una de las patas de lo que has construido cojea, es muy difícil que tú puedas resolver, a pesar de que tu legislación sea clara, los desafíos que tienes como sociedad.Por lo tanto, la estructura que busca la integridad debe ser una estructura consistente. Consistente, ¿qué quiere decir? ¿cómo se eligen las autoridades electorales?, ¿cómo se elige el fiscal electoral, cómo pueden ser removidas o cómo se remueven esas autoridades tanto en el Tribunal Electoral como en la Fiscalía Electoral? , te permite saber que tú tienes la garantía de contar con un instrumento, imprescindible decirlo, independiente del poder sobre todo Ejecutivo, del poder político en conjunto. Un elemento clave en el proceso electoral es el uso de los medios de comunicación, hay dos caminos complicados: uno, el obvio, la propaganda política, la administración de los tiempos, la administración de las tarifas, la administración de los equilibrios. Ahí estamos hablando de algo fundamental. Una posibilidad es que el propio Tribunal Electoral sea quien administra la totalidad de la propaganda política y negocia directamente con los medios de comunicación, es decir, el partido político “A” o el partido político “B” no tiene que lidiar con el Canal X y decirle qué tarifa me vas a cobrar por el segundo que voy a pasar. ¿Por qué? Porque eso lo negocia el Tribunal, lo que te garantiza un precio uniforme y un estándar de tiempo que además debe estar legislado. La otra posibilidad ideal es que los medios electrónicos tienen frecuencias concedidas por el Estado, y como parte de esa concesión están en la obligación de conceder una equis cantidad de segundos al año para situaciones de emergencia, de desastres naturales, etc., en fin, las condiciones que tienen que ver con otros aspectos, pero están vinculadas al tema electoral.Estoy hablando en términos puramente teóricos. Cualquiera de los caminos debe garantizar que todos los partidos políticos tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades con relación a la difusión de sus ideas y a la propaganda que está implicada en ello.El segundo elemento tiene que ver, y esto es mucho más difícil de controlar, con la lógica de la noticia convertida en un mecanismo de propaganda. Es muy difícil que uno pueda establecer una limitación para decir: Ah, lo que usted está haciendo en una noticia sobre el candidato presidencial “A” es darle a él tres o cuatro minutos, y cada vez que hay una participación del candidato “B”, usted, o le da diez segundos o simplemente ese señor o señora no aparecen nunca en las noticias. Este es un elemento dificilísimo, casi imposible de controlar, pero por lo menos en aquellos países en los que el Estado tiene una presencia importante en medios electrónicos, se puede establecer con un cierto nivel de equilibrio. No es el caso de Panamá, en el que los medios privados tienen un dominio absoluto sobre y comparativamente con los medios públicos, pero lo dejo allí planteado. Cierro con un concepto de equidad que tiene que ver con el criterio de género, con el criterio de jóvenes y con el criterio de indígenas. En el caso más evidente que es el de las mujeres, ¿por qué más evidente? Porque a diferencia de los indígenas, o a diferencia de los jóvenes, la estadística es muy clara. En términos generales, el 50% de la población son hombres y el 50% de la población son mujeres, en algún país 51 mujeres, 49 hombres, etc., pero en términos generales estamos hablando de 50/50.Se ha polemizado mucho a propósito de la acción positiva, es decir, que tú fuerces a través de una legislación a que un porcentaje determinado de los candidatos y de todo el mecanismo de la elección, garantice la presencia de mujeres en puestos electivos. Y la polémica parece tener sentido porque estarías distorsionando de algún modo los resultados o las oportunidades, pero no lo tiene porque en la medida en que históricamente, la política ha sido propiedad de los hombres, y al haber sido históricamente propiedad de los hombres, ha sido diseñada, administrada y proyectada para la hegemonía masculina. Por esa razón, porque no estamos hablando de un año, ni dos, ni diez, sino de siglos , en nuestra opinión, en la mía en particular, tiene absoluto sentido, absoluta coherencia y absoluta consistencia, el decir: es imprescindible la acción positiva y es imprescindible la acción positiva sin matices, es decir, tenemos que llegar en el más corto tiempo posible que, al igual que la sociedad tiene 50% de hombres y 50% de mujeres, la política tenga en cargos electivos, el 50% de hombres y 50% de mujeres. (Aplausos nutridos). La experiencia en la que me muevo yo, que es la experiencia de Bolivia, me permite decirles hoy que esa decisión de una acción positiva hacia el 50% de representación femenina hace que la Asamblea Plurinacional de Bolivia que se va a posesionar el próximo 22 de enero tenga 48% de mujeres parlamentarias, es decir, del conjunto, (Aplausos) del total de parlamentarios o asambleístas, 48% son mujeres lo que está prácticamente representando exactamente la sociedad.La pregunta que se pudo haber hecho cinco o diez años en Bolivia, sobre… y por qué vas a darle lugar y espacio a mujeres que no tienen experiencia y que no tienen las condiciones adecuadas, forzando una representación, se responde muy fácilmente. Es que los hombres que la tuvieron tenían cualidades muy superiores o eran la luz en las tinieblas en el conjunto. Obviamente que no (Aplausos) , Obviamente que tú construyes la masa crítica que luego se va a ir definiendo en sus propias condiciones y en sus propias capacidades en la experiencia. La acción positiva en el caso de Bolivia, que ya tiene un 48% de mujeres parlamentarias, probablemente va a tener que sostenerse todavía algunos períodos más, hasta que por inercia, la experiencia que esas mujeres que comienzan hoy la representación política, se vaya constituyendo en una acción de experimentación que ya da resultados y que hace que una mujer parlamentaria tenga exactamente las mismas condiciones, ¿por qué?, porque tiene las mismas oportunidades, que es el gran problema de la sociedad en general. No es un problema de mayores capacidades “per se”, sino mayores capacidades porque tuviste mejor nutrición, mejor educación y oportunidades de educación que la otra o el otro no tuvo. En este contexto, el elemento vinculado a la igualdad de género tiene que acelerarse porque no hubo igualdad de oportunidades en política en el largo pasado. (Aplausos). En el tema indígena, dado que la proporción en cada sociedad es distinta, la forma de encararlo tiene que responder a la realidad de cada país. Bolivia tiene un 40% de población que se autocalifica como indígena, y en consecuencia, la representación indígena tiene que estar en ese contexto. En nuestro país ese problema no es muy grande hoy porque de los 390 municipios que tenemos, por lo menos 100 o 120 tienen 90% de población indígena, en consecuencia, es casi automático que serán elegidos alcaldes o alcaldesas indígenas.El caso de Panamá, o el caso de Canadá o el caso de Argentina es distinto, por lo tanto, no doy recetas, pero planteo que debe trabajarse en la garantía de que las proporciones de representación de carácter geográfico y de carácter demográfico sean adecuadas en función de ese requerimiento.Y termino con el tema de los jóvenes, que es un gran desafío, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque también estadísticamente y por la cuota demográfica en América Latina, por lo menos en estos años, son mayoría evidente, es decir, la población menor de 25 años de nuestros países es largamente más del 60% del total. En consecuencia, tiene que haber un camino de representación que permita que los jóvenes tengan una acción en política de la misma proporción que tienen demográficamente.Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir, primero, que tenemos reformular las preguntas sobre el límite mínimo de edad para ejercer cargos públicos, para empezar, y segundo, romper esta lógica de que los jóvenes solo pueden tener una cuota a partir de que son jóvenes, y que hay una juventud del partido. La juventud del partido es un eufemismo para decir: tú pegas carteles, tú me haces de secretario, tú trasladas tal cosa, tal otra. (Aplausos), es decir, no es un camino de formación ni de reconocimiento. El concepto de juventud tiene que reformularse. La juventud no es un elemento que en sí mismo sea virtud o en sí mismo, sea defecto, es una realidad y el reconocimiento de las potencialidades de los jóvenes debe ser aceptado en igualdad de condiciones que los adultos o los adultos mayores, y en ese concepto hay que repensar dentro de los partidos políticos, dentro de nuestra estructura organizacional, qué papel tienen los jóvenes, pero no como jóvenes que tienen una característica de inferioridad por falta de experiencia con relación a quienes tienen 30, 40 o 50 años.Creo que este es un elemento sobre el que hay que trabajar también de manera muy intensa.Termino planteando simplemente como recuento de lo dicho, cuál es la importancia de la idea de integridad electoral. Este concepto perfectamente aplicable entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. Termino diciendo que eso obliga a América Latina a limitar el desmesurado poder presidencial de nuestro sistema republicano. Termino indicando que no habrá integridad electoral si no hay genuina independencia de poderes, y solo la lograremos en la medida en que la institución esté por encima de la persona. En Panamá, en Bolivia, en la mayor parte de nuestros países estamos librados a la suerte de un presidente con valores democráticos, o a la mala suerte de un presidente con tendencias autoritarias. Eso se supera en la medida en que, independientemente de los afectos o desafectos e independientemente de las tendencias, el presidente o la presidenta tengan necesariamente que someterse a la ley.Si ustedes quieren una lectura respetuosa de la realidad panameña, la institucionalidad de Panamá ha sobrevivido las máximas tensiones que se han vivido en los últimos años (Aplausos), y ese es un elemento muy positivo, porque la tendencia hacia el autoritarismo que vivimos varios países en América Latina, no ha sobrevivido a esas instancias, y ha tenido que someterse a ese autoritarismo con lo que yo llamo “celofán democrático que oculta un corazón autoritario. Cuando las instituciones son capaces de frenar esos afanes autoritarios, hay que darles un aplauso a las instituciones, no apoltronarse en ellas, y marcar camino hacia adelante.Cierro. Esta comisión que comienza a funcionar hoy día, no solamente es una gran noticia para Panamá, sino una gran noticia para América Latina., y en la lógica de la integridad electoral, no desechen la posibilidad de que la institucionalidad de esta comisión, pudiera dar el salto de la recomendación a lo vinculante sin vulnerar, ni subvertir el orden constitucional de Panamá. Para mí ha sido un privilegio compartir algunas de estas ideas, y espero que estas reflexiones sirvan para entender algo que yo entendí, a partir del estudio en profundidad del Informe al que hago referencia, que integridad electoral es tan importante como salud, como desarrollo económico, como procesos de crecimiento y de progreso en el sentido tradicional. ¿Por qué?Porque esa integridad electoral es la que define lo más importante: quiénes serán los que van a regir los destinos de nuestras sociedades. Muchas gracias.
