La esfera de lo éticamente correcto, se amplía, a expensas de la del derecho, a medida que los hombres observan las reglas fundamentales de la convivencia, voluntariamente, sin necesidad de coacción; esto según la doctrina equivale a progreso social.

Es por ello que no resulta superficial el que la iniciativa de suscripción de los instrumentos de los pactos éticos electorales precedentes, de cara a los comicios de 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014, cuya inminente renovación hoy nos convoca ante la proximidad de las Elecciones Generales de 2019, haya adoptado tal terminología. Y es que las normas sociales y morales, aunque carezcan del elemento coercitivo, inspiran a comportamientos que la sociedad estima como correctos para la sana convivencia.

Ante una democracia que reiniciaba en los años noventa, se hacía necesario redefinir cuáles eran los ideales que unían a la sociedad panameña en el ejercicio de su acción política para una reconstrucción no solo jurídica, sino también social, en lugar de darle demasiado protagonismo a los mil argumentos que podían atomizarla.

 PRIMER PACTO

Un cuarto de siglo ha pasado, desde que el primer Compromiso ético electoral ‘Santa María La Antigua’ de 18 de mayo de 1993, surgiera bajo la influencia de una no tradicional tendencia hacia consensos sociales y políticos, en una nueva democracia incipiente, pero en consolidación para la República de Panamá.

Desde el primer párrafo de aquel texto, se declaraba ya que en la dinámica “de un torneo electoral legítimo”, se sentaban las bases que posibilitarían una “anhelada concertación entre los panameños”.

Este documento se constituyó a los ojos de la historia republicana contemporánea, como un instrumento lo suficientemente manejable para convertirse en símbolo práctico de conciliación, como un manual primario de buenas prácticas, nacido de la voluntad política de sus suscriptores y promotores.

La identificación de las falsas denuncias, ya era un tema vigente en esos años. Ya se contemplaban en ese acuerdo, algunos de los retos que aún afronta la democracia panameña en la actualidad.

 SEGUNDO PACTO

A principios de marzo de 1998 y a menos de 14 meses de los comicios de 1999, se firma el Pacto Ético Electoral, nombre con el que se le conoce hasta el presente, en esta ocasión auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este segundo compromiso tuvo como retroalimentación jurídico social, del ejercicio democrático procesal de 1994, el primero en la era democrática y fue pactado por 12 partidos políticos.

Entre sus puntos destacaba:

  1. Un compromiso con la transparencia desde la convocatoria y organización de la consulta, ‘hasta la proclama transparente y fidedigna de sus resultados’.
  2. Llevar adelante un proceso electoral caracterizado por el debate y ‘no por ataques y diatribas’, así como con la ‘no violencia y con la eliminación de la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones.
  3. Que el gobierno nacional ‘no se utilice para proselitismo y propaganda política partidista, los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de gobierno’ y de igual forma, que el pacto anterior, se respete la estabilidad del servidor público y su libre militancia política.
  4. Se solicitó, al igual que con el compromiso anterior, la creación de un organismo de consulta permanente, garante del cumplimiento del Pacto.

Con el advenimiento del nuevo milenio, Panamá consolidaba cada vez más sus procesos electorales basados en la experiencia práctica de la vida en democracia.

TERCER PACTO

Entramos así a la firma del Tercer Pacto Ético Electoral, suscrito el 4 de agosto de 2003, a 9 meses de los comicios del 2004, que en su exposición de motivos innovó con una reafirmación explícita de que ‘la democracia implica más que el solo acto de emitir un voto’, ya que debe abarcar la totalidad del proceso de participación ciudadana en la vida política de su país, reafirmando el concepto de democracia integral con sus componentes sustantivos y procesales.

Entre sus novedosos contenidos tradicionalmente acordados en pactos anteriores, se cuentan:

  1. El cumplimiento de la norma electoral general que prohíbe la utilización directa o indirecta de los recursos del Estado a favor de partidos políticos y/o candidatos; se excluyen los recursos que el Código Electoral establece a favor de los diferentes partidos políticos y personas por la libre postulación. De esta manera, las cláusulas siempre presentes en los pactos éticos se adaptan a las normativas en materia de financiamiento público.
  2. Aboga también por el mantenimiento de una cultura de paz y el compromiso de no difundir directamente o por terceras personas o agrupaciones, mensajes violentos, calumniosos o irrespetuosos. Se amplía la esfera de actores en las campañas sucias.

CUARTO PACTO (Parcial)

Del cuarto Pacto Ético Electoral, de 30 de marzo de 2009, solo cabe mencionar que no fue suscrito por ningún partido al no lograrse un consenso efectivo, no obstante, se puede ponderar que una versión del mismo, fue suscrita por el Tribunal Electoral, los medios de comunicación, el Comité Ecuménico, el Defensor del Pueblo y por el Comité Panameño de Ética y Civismo.

 QUINTO PACTO

Superada aquella experiencia del 2009, para las Elecciones Generales de 2014 y a 14 meses de las mismas, se firmó el quinto pacto, que, entre sus novedades, respecto a los acuerdos anteriores me permito destacar, que los partidos políticos se comprometieron a:

  1. Vigilar la lícita procedencia de las donaciones de personas naturales y jurídicas a los partidos políticos y candidatos, y que tales registros sean de acceso público a través de medios impresos, radiales, televisivos o internet, preferiblemente antes de las elecciones y a más tardar sesenta días después de ellas.
  2. Evitar los actos de clientelismo político.
  3. Difundir los perfiles de los candidatos a través de los medios de comunicación.
  4. Colaborar con una transición armónica y pacífica del gobierno.

SEXTO PACTO (ACTUAL).

Luego de este resumen histórico, hoy nos convoca la suscripción de un nuevo Pacto Ético Electoral, representando al Tribunal Electoral junto a ustedes, líderes de la acción política de generaciones pasadas y presentes, es digno de encomio.

Y este acuerdo que hoy firmamos contiene tantos compromisos como exhortaciones:

 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS PRESIDENCIALES POR LIBRE POSTULACIÓN

  1. Evitar actos de clientelismo o de compra de votos a través de la entrega de dinero o bienes de cualquier especie, promesas de nombramiento a cargos públicos o cualquier otro beneficio particular.
  2. Difundir a través de los medios de comunicación y las redes sociales el perfil de los candidatos a cargos de elección popular, el plan de gobierno de cada partido político y las propuestas de todos los candidatos.
  3. Velar por los derechos cívicos del servidor público y del colaborador de la empresa privada, para que se respete el libre ejercicio de sus derechos políticos.
  4. Cumplir las disposiciones relacionadas con el uso de espacios públicos para la colocación de la propaganda, la conservación del ornato, evitando la contaminación visual y auditiva del paisaje urbano y rural.

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Deben contribuir a crear un clima electoral ético, confiable, seguro y transparente en el que impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas.

 NUESTRO COMPROMISO. TE, FGE

 Proceder con absoluta objetividad, probidad, eficiencia y, sobre todo, imparcialidad en todas las etapas del proceso electoral, garantizando el principio del debido proceso, tanto a los partidos políticos, a sus candidatos, así como a los de la Libre Postulación.

AL GOBIERNO NACIONAL

  1. No utilizar directa o de manera velada, los recursos estatales a su disposición, a favor de un candidato o de un partido.
  2. Garantizar y respetar la independencia del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, así como de las instituciones judiciales, administrativas, de seguridad (incluyendo todos los componentes de la Fuerza Pública) e impedir que sean utilizadas como medios de persecución, represión y/o intimidación por causas políticas o electorales.
  3. Brindar a la Nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política o económica.
  4. Garantizar la transición gubernamental responsable, armónica y pacífica.

En conclusión, los suscriptores del pacto reconocemos al COMITÉ ECUMÉNICO DE PANAMÁ como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo, y lo facultamos para realizar las investigaciones correspondientes en los casos en que se vulnere, para la consecuente sanción moral. Tarea que realizará a través del Organismo Consultivo Permanente, quien elaborará su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Ético Electoral. El país demanda que los principales actores de este Pacto lo cumplan, al pie de la letra, así como que sea efectiva la aplicación de las sanciones morales para aquellos que hoy se comprometen y lo lleguen a violar.

También es oportuno señalar, que, a fin de adecuar el deseo colectivo de la colaboración en buena voluntad ante las nuevas herramientas comunicacionales, el Tribunal Electoral ha convocado este Pacto Ético con objetivos entrelazados con los anteriores pactos éticos electorales, a un pacto hermano: hablamos del Pacto Ético Digital por todos ustedes conocido, ya que muchos lo han respaldado.

Hoy, la firma de este pacto reviste mayor significado, toda vez que se vive en un ambiente de cierta intolerancia, noticias falsas y desinformación, especialmente a través de las redes sociales. Esto motiva, aún cuando conlleva sanciones para los transgresores de la norma, en aquellos casos que se pueda y lo logre sancionar, que todos debamos estar alerta.

Las redes sociales constituyen una excelente herramienta dentro de un proceso electoral para la divulgación de ideas, del pensamiento político y la presentación de propuestas o planes de gobierno, siempre en un plano de seriedad y responsabilidad, cumpliendo con las normas electorales que rigen la campaña; sin embargo, no es tarea fácil asumir una reglamentación que regule su uso sin traspasar la delicada línea de la libertad de expresión, uno de los principales baluartes de la democracia. Más bien se apuesta, hasta ahora, por su auto regulación.

Pero desconocer las implicaciones y consecuencias de su uso inapropiado para fomentar las noticias falsas o el descrédito del adversario político mediante la calumnia o injuria, es una irresponsabilidad que como sociedad no nos podemos permitir y debemos severamente deplorar y rechazar.

De allí que uno de los retos a superar que tenemos como país, es promocionar el uso responsable de las mismas evitando las campañas sucias y noticias falsas, reto que el TE asume bajo la premisa de que un voto desinformado no es un voto libre. Por lo tanto, es importante la firma de este Pacto Ético Electoral, así como la promoción y adhesión al Pacto Ético Digital.

El presente Pacto Ético Electoral, de cara a las Elecciones Generales de mayo de 2019, reitera un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales, los medios de comunicación, los gremios periodísticos y actores de la sociedad civil, como una forma de articular ideales hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático electoral.

Finalmente deseamos, que este nuevo pacto marque un horizonte más prometedor y orientado al fiel cumplimiento del compromiso que estamos por asumir en cada uno de sus enunciados, en aras de que la campaña electoral se desarrolle con un lenguaje de altura, de respeto a los adversarios políticos, y a la ley; con propuestas concretas de gobierno para el desarrollo humano y económico del país, y que las elecciones generales sean libres, justas, íntegras y transparentes, reconociendo el organismo electoral el triunfo a los candidatos o candidatas que la voluntad popular elija el próximo 5 de mayo de 2019. Todos estamos obligados a cumplirlo, de no hacerlo, la ciudadanía, con justa razón, cuestionará su ineficiencia y fracaso.