La  sede del Tribunal Electoral, fue el escenario para el desarrollo de una serie de conferencias en donde participaron expertos nacionales e internacionales, quienes abordaron diversos aspectos sobre el financiamiento público electoral.En la actividad titulada  Financiamiento público electoral, perspectiva comparada entre Panamá y Costa Rica, se abordaron  aspectos técnicos y de forma que rodean a este tópico, relacionados con el beneficio financiero que reciben los miembros de los particos políticos y de las organizaciones independientes.El magistrado primer vicepresidente, Eduardo Valdés Escoffery, y las magistradas suplentes, Yara Ivette Campo y Myrtha Varela de Durán,  se dieron cita en la actividad.El doctor Enoch Adames, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hizo una exhaustiva exposición sobre el concepto y la filosofía de la finalidad del financiamiento público y sus efectos prácticos.Por otro lado,   la jefa del Departamento de Financiamiento Público del TE a Partidos Políticos, Jennifer Gill, detalló el cuadro financiero de los procesos electorales, cifras y regulaciones para estos desembolsos de dinero que reciben los partidos políticos.      En el  evento también participó Osman Valdés, Director Nacional de Organización Electoral, quien hizo una detallada explicación de los nuevos parámetros que regulan el financiamiento público electoral, tomando en cuenta los cambios y adecuaciones que se  hicieron en la Comisión de Reformas Electorales 2015, y que están sujetos a la aprobación de la  Asamblea Nacional.El invitado internacional para esta actividad, el doctor Ronald Chacón, de la hermana república de Costa Rica,  hizo un profundo análisis del financiamiento público electoral, desde la óptica comparativa entre Costa Rica y  Panamá.Chacón destacó que en su país el financiamiento electoral exige el reembolso, a diferencia  de  nuestro país.    Explicó que los partidos políticos costarricenses recaudan   financiamiento privado y luego sustentan los gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para tener derecho al  financiamiento público en base a ello.