Lo que celebramos con la inauguración de este I Congreso Panameño de Democracia y Derecho Electoral, es la buena avenida a adentrarnos en el análisis y discusiones trascendentes sobre los avances en materia de los derechos políticos de los ciudadanos, y su futuro en la construcción de una cultura de la democracia. El Derecho Electoral empieza por reconocer que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos; y en su devenir elogiamos algunas de las mayores conquistas de la historia electoral: la equidad en la participación de todos los ciudadanos en las contiendas políticas y la transparencia de todos los actores electorales. Todo, sobre la base de un conjunto de normas constitucionales, leyes, reglamentos, administración, organización y control estricto de todas las fases que darán validez a las elecciones, en un marco de apego institucional a la Constitución y a la Ley. Aunque bien reconocido y denunciado está, que tanto Constitución como leyes ya no satisfacen las demandas de la sociedad. Para seguir construyendo nuestra cultura democrática hay que denunciar sin tapujos que antes de octubre de 1956, cuando se crea el Tribunal Electoral durante los mandatos de Ricardo Arias Espinosa y Ernesto de la Guardia, las elecciones eran una piñata, donde nuestra oligarquía pugnaba con todas las tretas imaginadas por alternarse entre ellos el poder, sin otro fin que amasar fortunas y prevaricar con la cosa pública. Y todo ocurría en un país cultural, económica y políticamente intervenido por los Estados Unidos. Decir esto hace 60 años suponía ser enemigo de las fuerzas colonialistas que conculcaban y conculcan aún la democracia. Lo digo hoy porque nuestras aspiraciones democráticas deben enfrentar con determinación las pretensiones de esos enemigos externos e internos; a fin de cuentas, vienen a ser lo mismo, aunque no los mismos. Bien sabemos que si el camino ha sido doloroso, aún es largo. Los seres humanos todavía padecemos del apego a la cosa material, al monetarismo y a la propiedad abundante y ofensiva. Ahora significado por el clientelismo devastador al que los candidatos han conducido al electorado. Se puede afirmar con singular certeza, que casi todas las democracias son disfraces de las plutocracias, porque se cuentan con los dedos de las manos las democracias que en el devenir político de la humanidad han conjugado en cortos lapsos la pureza del sufragio, en una especie de clarinada ciudadana que eligió bien, desalojando de las urnas a las ambiciones de riqueza y poder. Pero estos lapsos han sido demasiado cortos y nunca se acorazaron bien frente a las embestidas de la antidemocracia. Una mirada rápida y resumida a estos primeros años del siglo XXI nos alertan sobre asonadas mucho más aviesas, que alientan la permanencia, afianzamiento y desarrollo de las plutocracias planetarias; para muestra, el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico, que atenta y desarticula la soberanía de los países firmantes. Otro exabrupto es la realidad política que vive actualmente Estados Unidos, reeditando sus campañas electorales, las más largas y más caras del planeta -cuestan unos 4 mil millones de dólares dicen- además de ser un espectáculo mediático ensordecedor, dominado por el marketing político, conducente a vender ideas y candidatos como se vende el Mc Donald o la Coca Cola, y sin denunciar las grandes fallas e imperfecciones del sistema electoral norteamericano. Y prometiendo; prometiendo lo que no se tiene la menor intención de cumplir. Según la Universidad de Sydney en Australia y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, el sistema electoral americano es el peor de todas las democracias occidentales, con deficiencias bien conocidas: un complicado registro de los electores; sistemas distintos de votación en cada cantón; ausencia de un organismo regulador a nivel nacional; un sistema de elecciones indirectas que distorsiona la expresión de la voluntad popular; y la ausencia de restricciones al financiamiento privado, que favorece de manera desmedida la presencia en el gobierno de los intereses particulares de las grandes corporaciones y de los más afortunados, sobre los intereses colectivos de la mayoría de ciudadanos. Por lo que indistinto es por quién vota la gente. Sin ahondar en la catadura que ha llevado a esa gran nación a recibir hoy propuestas políticas que empequeñecen las políticas del big stick y el apartheid en un salto atrás, al segregacionismo que pensábamos sepultado desde los años 60 del pasado siglo. Este tipo de acciones afecta directamente a las democracias representativas, sabidos los plutócratas de la vulneranbilidad de los políticos que resultan electos, que hipotecan sus conciencias y terminan en las planillas ocultas de las transnacionales y corporaciones. Ocurre que la debilidad más evidente de las democracias representativas es la corrupción política, cuando el abuso de poder resulta en obtener beneficios personales, como la reciente cleptocracia del lapso gubernamental de Ricardo Martinelli. Esta estrategia de las corporaciones utiliza el enorme costo de las campañas electorales actuales, obligando a los candidatos y a los partidos a establecer acuerdos, verdaderas hipotecas, con quienes financian sus campañas, para exigirles legislar a su favor y darle rienda suelta a la plutocracia. Por eso estamos aquí: la intención es convertir este encuentro en un cónclave anual, donde nuestros antecedentes comunes construyan escenarios para aprender, para enseñar a aprender, y discutir temas, ideas y trabajos que giren alrededor de los asuntos que nos conciernen políticamente, en el afán interminable -pero decidido- de hacer realidad nuestras determinaciones democráticas. Todavía nos debatimos entre varias corrientes de la democracia, que intentan regir los destinos de la convivencia ciudadana: la democracia política o procesal, y la democracia social. El fin más constatado, aunque no el único de la democracia procedimental, es que las normas validen a quienes nos gobiernan y concluyan entre otras acciones, a favor de las minorías pudientes. Tales acciones enriquecen a las corporaciones y vulnera a las clases desfavorecidas, al debilitar los tres principios que sustentan al Estado: la promoción del bien común, como su vital finalidad; la solidaridad, como principio de integración social; y el concepto de estado subsidiario, como regulador de las actividades privadas o comunitarias. Por otro lado, la democracia social, propone el diálogo entre los actores políticos como su principal herramienta. Se aspira a que el Estado mitigue su poder de imponer decisiones e interactúe con los ciudadanos, compartiendo con ellos la solución de problemas y el diseño del desarrollo social. Esta democracia alienta la gobernanza, favorece la paz y la estabilidad social y laboral, e impulsa el desarrollo económico y el crecimiento humano. Su finalidad esencial se define en la igualdad de oportunidades que debe privar para todos los seres humanos. Me he referido en varias ocasiones a la cultura democrática, cuidándome esmeradamente en el uso de la palabra democracia. Ello se debe a que, en mis 73 años vividos a plenitud, tengo serias dudas y reticencias sobre la facilidad con que decimos que vivimos en democracia. Veamos nuestra democracia a la luz del desarrollo, o sea, de qué manera nuestros gobernantes, clase política y partidos, han entendido la realidad nacional panameña. Desde que el Canal fue incorporado a la economía de Panamá, a raíz de la firma del Tratado Torrijos-Carter, (esos que en la ACP evitan llamar por su nombre), nuestra vida ha cambiado de manera asombrosa, pero sin transformarse. Aun somos pro mundi beneficio, mientras la voracidad de la clase hegemónica atenta contra el principal recurso económico del país. Sin descuidar las necesidades del corredor interoceánico, nuestras políticas públicas tienen que plantear seriamente el desarrollo de una sociedad que mire con equidad ese servicio que damos al mundo, pero dentro de la tesis del pro domo beneficio nacional, y no del beneficio propio o beneficio de las clases pudientes. Es que si las políticas públicas no terminan de derribar los muros que se levantaron a lado y lado del paso transístmico desde el siglo XVI, el Canal terminará siendo otra gran corporación transnacional y no habrá título constitucional que enderece lo que ya vemos en el panorama empresarial y sociopolítico, con los gobernantes colocando en puestos claves de su junta directiva a miembros de la oligarquía empresarial, y a muy pocos panameños con integridad, conocimientos y fiel compromiso con el desarrollo social. Sin transformación institucional no habrá transformación social. Los números de la actividad canalera son vergonzosos por donde se miren, y hoy deberían ser acicate de reflexión para quienes nos decían que la soberanía no se come. 70 millones recibió Panamá desde 1903 hasta 1977 (74 años), incluidos los 10 millones para la posteridad que William Cromwell y los próceres manejaron sin rendir cuentas al país. Y desde 1977 cuando se firmaron los tratados Torrijos Carter, al año 2000, cuando “formalmente” se arrancó la última estaca colonial, recibimos 1,800 millones de dólares. Sin contabilizar los más de 2,500 km2 de territorio que nos tenían secuestrado, con todas las valiosas instalaciones de la antigua colonia canalera. Desde el 2000 a la fecha, Panamá ha percibido casi 14 mil millones de dólares, suficiente dinero para vivir en un país renovado, con una democracia social que produzca enfoques institucionales que transformen a nuestra sociedad. Desde entonces tenemos el crecimiento sostenido más grande de latino américa, pero igual tenemos alrededor de 30 % de pobres. Lo que en términos llanos dice que 3 de cada 10 panameños no comen 3 veces al día. Las pasadas elecciones demostraron que el descontento fue capaz de demoler el statu quo. Las próximas elecciones bien podrían promover otro cambio sin transformación, porque la ciudadanía carece de formación para elegir, lo que significa el peor enemigo de la democracia. O hacemos que estas deliberaciones congresales que hoy iniciamos se traduzcan en positivas conductas ciudadanas electorales, o no será necesario esperar que nos alcance el caos político que sufre el planeta, porque entonces seremos capaces de exportar nuestras experiencias y fracasos democráticos, convirtiéndonos en cómplices de las pretensiones del poder económico. Esta reunión defuncionarios electorales, políticos, politólogos, expertos en Ciencias Políticas, académicos, periodistas, estudiantes universitarios, asociaciones profesionales y apasionados en temas de democracia y elecciones, cuyo propósito es contribuir a la formación de todos los actores protagónicos de los sistemas democráticos y procesos electorales nacionales, así como al de los líderes políticos de la región, será inconcluso si no se hace práctico. Es decir, si no diseñamos las metodologías y las acciones para que sus hallazgos permeen a toda la sociedad. No se abren trincheras para dormir en ellas; se abren para otear la vanguardia enemiga, resistir sus embates y avanzar con nuevos y triunfantes bríos. Esta noche también nos hubiera complacido recibir una valiosa biblioteca de ciencias política, que el dilecto y audaz defensor de la democracia, el Dr. Carlos A. Mendoza, quiere donar al Tribunal Electoral. Dicho sin ambages, el acto de desprendimiento de mi amigo Carlos no solamente merece el más vivo agradecimiento, sino que es justo señalar que en él se suscitan dos ejemplares conductas humanas: primero, heredar a todos lo que siempre ha sido de todos, más cuando quien lo ha usufructuado lo hizo en nombre de todos al verter los conocimientos adquiridos, en múltiples artículos, ponencias y defensas de la democracia, la soberanía y la equidad; y segundo, reconocerse como panameño en la solidaridad social, porque estos textos serán luz para un plural de conciencias que seguramente se agitarán mañana en la profundidad de la construcción de nuestra cultura democrática. Otro tema obligado hoy, es el de mi retiro a fin de año como magistrado de este augusto tribunal, al que he dedicado con entrega prioritaria y patriótica, mis últimos 20 años. Elegido en 1996 y reelegido en 2006 por la Asamblea Nacional, por unanimidad pocas veces vista, en ambas ocasiones. Cuando reflexiono en torno a esta larga jornada, me siento feliz por haber contribuido a edificar una de las pocas INSTITUCIONES que sobrevivieron a la hecatombe del quinquenio anterior. Mis posturas institucionales me granjearon poderosos enemigos que en su frustración por no haberme podido corromper como al resto de los “colaboradores”, aún arremeten contra mí por la frustración que les produjo la bravata de otro humilde pariteño. En las calles por las que circulo libremente muchos ciudadanos me expresan enjundioso reconocimiento. Pero ante la campaña mediática de los frustrados golpistas, ocurre lo de siempre, los buenos callan ante los ataques de los corruptos. A ellos y a todos los panameños informo que me retiro como magistrado del TE. Pero que seguiré trabajando para que no se retroceda en la institucionalidad lograda, ahora sin las ataduras democráticas de pertenecer a un cuerpo colegiado que me han obligado a aceptar el dictamen de la mayoría. Porque eso es lo que significa la cultura democrática.Quiero terminar con algunas reflexiones: 1.La institucionalidad electoral acoraza la cultura democrática, la hace inmune a la corrupción electoral y la dota de su mayor fortaleza: la imparcialidad; la justicia electoral tiene que ejemplarizarse apuntalada en la frase de Clístenes: “no valen herencias familiares ni riquezas, todos somos iguales ante la Ley”. 2.La democracia representativa es peligrosamente endeble… el pueblo nunca ha sido titular del poder político porque no elige democráticamente, elige manipulado en su ignorancia social y es incapaz de integrar las instituciones políticas en un todo. 3.Las reelecciones solo serán posibles cuando el mandatario nos obedezca; el poder político y económico sigue sin entender la urgencia de trabajar en la conquista de la soberanía popular. 4.La democracia no puede pretender la equidad social si sigue siendo de baja intensidad, y solo aspira a la representatividad porque históricamente quienes nos representan son proclives a enriquecerse, aceptando dinero para pagar hipotecas electorales y defender intereses corporativos. 5.Hay que reconocer y divulgar nuestros errores políticos, aprender de ellos: se llama resiliencia; solo así podremos diseñar el país político que queremos. 6.No debe pensarse en una clase política y una sociedad civil, como dos cosas separadas o contrapuestas; tiene que ser un solo espíritu, en un solo cuerpo. 7.Debemos promover la educación ciudadana para que sea políticamente beligerante. 8.La voracidad neoliberal debe ser denunciada y combatida; hay que desmontarla desde trincheras intelectuales y en las calles, inhabilitar su afán excluyente.9.El enfoque y diseño del desarrollo humano y la transformación social no deben poner por delante los deseos, que son los apetitos sobre los que trabaja el capitalismo que el Papa Juan XXIII denunció como salvaje. Es urgente identificar las verdaderas necesidades humanas y satisfacerlas, haciéndolas aliadas de nuestros recursos renovables, incluido el Canal de Panamá… Este sería un buen aporte a nuestra cultura democrática. No salgamos de este espacio autocomplacidos, con esa conducta tolerante de quien consiente para no crear conflictos sociales; vivimos en zozobra, inmersos en un conflicto social y político, viejo e intolerable. Muchas gracias. Erasmo Pinilla C. Magistrado presidente del Tribunal Electoral 11 de octubre de 2016
