La reforma fundamental que se le hace al artículo 132 es que se le agregó al anterior párrafo lo siguiente: “La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos.” Con esto se trata de garantizar el respeto a la democracia interna de los partidos políticos, es decir, que se respetará la voluntad de la mayoría de sus miembros.
Por su parte, el Órgano Legislativo ahora tendrá nuevas denominaciones. La Asamblea Legislativa se denominará Asamblea Nacional y nuestros honorables legisladores se llamarán Honorables Diputados como en antaño, y sólo tendrán un suplente. Pero más allá de estas reformas de forma, tenemos sustanciales modificaciones en cuanto a la nueva configuración de circuitos electorales, la libre postulación de los diputados y la figura de la revocatoria de mandato.
En cuanto al tema de la conformación de los circuitos electorales, se le da al Tribunal Electoral la función de elaborar y presentar a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que crea los circuitos electorales que servirán de base para la elección de Diputados.
La libre postulación para el cargo de legislador, es una de las innovaciones más importantes de estas Reformas a la Constitución. Efectivamente, esta modificación del artículo 140 deja atrás el concepto partidista que se tenía sobre esta figura y fortalece la democracia de nuestro país. Naturalmente, con posterioridad, el proyecto de ley será presentado por el Tribunal Electoral, previo a una amplia consulta a los partidos políticos y a la sociedad civil, correspondiéndole a la Asamblea Nacional reglamentar la materia y garantizar que este nuevo derecho político sea llevado a la práctica con prudencia y eficacia.
Otra reforma trascendental es la que guarda relación con la figura de la Revocatoria de mandato, la cual corresponde al artículo 145 de la Constitución Política. Sobre este tema hay dos importantes aspectos a destacar.
El primer aspecto es que se ha agregado una nueva causal de revocatoria del mandato, la cual consiste en la condena por delito doloso con pena privativa de la libertad por cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia.
El segunda aspecto guarda relación con la aplicación misma de la revocatoria de mandato. En este sentido, la reforma permite a los partidos, establecer con anticipación, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito correspondiente.
Inclusive, la reforma contempla la facultad a los electores de un circuito electoral determinado, de solicitarle al Tribunal Electoral la revocatoria de mandato a un diputado principal o suplente que haya sido postulado por la libre, solicitud que debe cumplir con los requisitos que señale la ley respectiva.
La otra reforma que indirectamente compete al Tribunal Electoral, es la que se refiere a la Constituyente Paralela como nuevo mecanismo para modificar la Constitución Política, el cual corresponde a su artículo 308.
En este sentido, el Tribunal Electoral deberá intervenir en la reglamentación de la recolección de firmas del 20 % de los electores de todo el país y, de cumplirse con este pre requisito, deberá convocar a la elección de los constituyentes, así como proceder a la entrega de credenciales a los que resulten elegidos por el pueblo para tal fin.
Finalmente, debemos señalar que existen otras reformas importantes como la del artículo 239, el cual establece la obligatoriedad de escoger a los alcaldes con su suplente, única y exclusivamente por votación popular, y no como lo establece la Constitución vigente, la cual permite el libre nombramiento y remoción de los Alcaldes por parte del Órgano Ejecutivo, con lo que se constituye en una norma constitucional, una práctica realizada con las tres últimas elecciones generales de la República de Panamá.
Quisiéramos despedir esta intervención con una reflexión:
La historia constitucional panameña recoge una realidad: los políticos panameños han sabido negociar en momentos trascendentales, con la finalidad de crear instituciones a favor del país. Como ejemplo, recordamos los actos reformatorios de 1956 acordados por los Presidentes Ricardo Arias Espinoza y Ernesto De La Guardia Jr. para la creación del Tribunal Electoral, y el acto reformatorio de 1994, cuando Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, de común acuerdo, logran el capítulo constitucional que produce la Comisión del Canal de Panamá, como un organismo estatal autónomo.
Mucho se ha debatido en la actualidad sobre el procedimiento que se está siguiendo para reformar la Constitución, producto de un acuerdo entre la Presidenta Mireya Moscoso y el Presidente electo Martín Torrijos Espino, y precisamente, ese es uno de los valores democráticos que debemos preservar: el espacio para el debate público de lo temas de interés nacional. Pero lo que sí debemos dejar por sentado es que independientemente del camino adoptado, las actuales reformas a nuestra Carta Magna representan un notable avance para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país.