Los magistrados del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla Castillero,  Eduardo Valdés Escoffery  y  Heriberto Araúz Sánchez,  comparecieron ante  la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales  de la Asamblea Nacional  para  escuchar las consultas del proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral. El magistrado Eduardo Valdés manifestó  que el TE no tiene interés en acumular poder, refiriéndose a la responsabilidad de manejar el financiamiento público en materia de propaganda electoral. En cuanto al manejo de los fondos del financiamiento público, el magistrado Valdés dijo que los 60 millones que corresponden a la etapa preelectoral, contemplan todo el proceso, y que la campaña publicitaria es una parte dentro de ese todo, pues los partidos y los candidatos deben asumir otros gastos como movilización, capacitación de activistas y otros aspectos logísticos. Recomendó buscar otra institución  que se encargue de administrar dichos fondos, pues el TE no desea adquirir más responsabilidades de las que ya tiene. El Lcdo. Valdés hizo alusión  al tema de los cierres de medios de comunicación como medida de sanción,  y  reiteró que el Tribunal Electoral jamás estaría de acuerdo con  la clausura  de estos.  Recalcó que es una norma que está vigente en la ley desde 1983, y que el  TE  se unirá a la iniciativa de derogar este artículo dentro de la normativa. Con relación al plan de medios,  señaló  que cada partido va a decidir qué medio contrata y  por cuánto tiempo; y  cuánto  va a destinar para televisión,  radio,  prensa, y las otras actividades de la campaña. «Porque también se está diciendo que el recurso que está disponible es todo para propaganda,  y  no es así», acotó el magistrado. Los diputados  de  la Comisión de Gobierno y los dignatarios electorales escucharon la  opinión  de los  representantes de los medios de comunicación, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, independientes y miembros de la sociedad civil en esta etapa de la discusión de la propuesta de reforma electoral, previo a su aprobación en la Asamblea Nacional.