¡Buenos días! Bienvenidos sean todos a la casa de la democracia panameña, al Tribunal Electoral.
Es este un día muy especial, no solo para la institución sino para el país, porque hoy convocamos a los panameños a las elecciones generales a celebrarse el 5 de mayo de 2024, que por mandato constitucional deben celebrarse cada cinco años.
Con el acto de hoy inicia formalmente el proceso electoral. A través de este sencillo, pero muy significativo acto, el órgano constitucionalmente facultado para ello, el Tribunal Electoral, establece la fecha, condiciones, y reglas de nuestras próximas elecciones generales.
Hasta las elecciones pasadas, la convocatoria a elecciones generales se realizaba un año antes del día de la elección; por su parte, la apertura del proceso electoral se efectuaba cuatro meses antes de la celebración de las elecciones.
Esta vez, lo hacemos el 1 de junio del año tras anterior al de las elecciones, de acuerdo con lo establecido en el renovado Código Electoral aprobado mediante Ley 247 del 22 de octubre de 2021, que, entre las últimas reformas aprobadas, introduce la recalendarización del proceso electoral. Esto a fin de contar con el tiempo suficiente para atender todas las reclamaciones y garantizar que las candidaturas queden en firme con la suficiente antelación a los comicios, es decir, a diciembre del próximo año.
No puedo dejar pasar esta gran oportunidad para felicitar a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, por el trabajo efectuado, lo que derivó en la presentación al Órgano Legislativo, del sexto proyecto de ley para actualizar y perfeccionar nuestra legislación electoral a través de la reforma al Código Electoral. Dinámica que data desde el advenimiento de la nueva era democrática iniciada en 1990.
Este gran trabajo es el fruto del proceso de reforma electoral más participativo y consultivo del continente americano, y quizá del mundo, a través de la colaboración entre partidos políticos, entidades de la sociedad civil y el Tribunal Electoral. Este modelo ha sido reconocido internacionalmente como un logro de la sociedad panameña, que nos llena de mucho orgullo, máxime que, en esta oportunidad, esta Comisión tuvo incluso que lidiar con las muchas limitaciones y grandes riesgos que nos impuso, al mundo entero, la pandemia causada por el COVID-19.
Tampoco podemos dejar de reconocer el esfuerzo y dedicación de los integrantes de la Asamblea Nacional y del Órgano Ejecutivo, quienes emplearon el tiempo necesario para lograr los consensos y acuerdos, si bien no en todos, sí en la mayoría de los temas plasmados finalmente en la Ley 247 de 22 de octubre de 2021, que reforma el Código Electoral. No se reformó todo lo propuesto ni lo anhelado por la sociedad panameña, como ha sido la práctica desde que se inició en la década del ´90 el proceso reformador del Código Electoral, pero sí se avanzó.
Sin embargo, si bien contar con un marco legal mejorado y consensuado es muy importante, no es suficiente; es más, el tener elecciones impecablemente organizadas, como las que estamos acostumbrados a efectuar en Panamá, desde hace décadas, no garantiza ese hecho por sí solo que tengamos un mejor sistema democrático. El proceso electoral es un vehículo o medio pacífico y ordenado para que, a través del sufragio, se transfiera el poder político periódicamente, con lo cual se garantiza alternancia, lo que, en ciencias políticas, se conoce como gobierno republicano, recogido en el artículo 1 de la Constitución de la República.
Aun cuando se celebren elecciones libres, íntegras y transparentes y se transfiera el poder a los que ganan en las urnas, las democracias no se limitan solo a elecciones. Sin duda es un importante factor para la paz social, el bienestar general y la gobernanza, pero no el único. Las democracias de muchos países viven momentos difíciles, no por su proceso electoral, sino por lo que viene después de cada elección: malas prácticas en el gobierno, la corrupción, la incapacidad para gobernar, la injerencia o filtración del narcotráfico, la falta de planificación y el condicionamiento de decisiones públicas por fuerzas incontroladas que obedecen al nuevo orden económico global. Y es que, para hablar de democracia y de elecciones libres no solo se necesitan opciones políticas lícitas y legítimas, identificables como tales, y de candidatos que representen opciones ideológicas diferenciadas, manteniendo un espectro político amplio, sino además de instituciones sólidas y de una madurez política de la cual están lejos aún muchas de nuestras naciones.
Hoy tenemos la oportunidad, en un ambiente de libertades, para hablarnos y sincerarnos entre nosotros, de entender la situación en la que nos encontramos, con sus luces y sombras, y de ser conscientes de los desafíos que enfrenta el país; más aún es importante optimizar la oportunidad para escoger juntos, a las mejores personas y propuestas de gobierno.
Aunque durante estos 30 años hemos organizado con éxito elecciones generales libres, prístinas, con resultados incuestionables, y ello es excepcional en la región, ya no podemos conformarnos con eso. Es significativo, pero no es suficiente, porque esta nación enfrenta grandes problemas estructurales y desafíos que sólo podrán ser superados con un renovado proyecto de vida colectiva, con un nuevo pacto social, con nuevas reglas del juego institucionales. Las administraciones que hemos tenido desde entonces, han hecho sus esfuerzos para resolverlos, pero hay temas que están pendientes por enfrentar. La solución está en manos de todos, no solo de un gobierno. Es a través del diálogo y la búsqueda del consenso que gobierno y sociedad pueden abordarlos y buscar soluciones efectivas.
La convocatoria periódica de elecciones democráticas como la que hoy nos reúne aquí, parte del hecho del ejercicio temporal del poder; sin embargo, el sufragio solo produce auténtica representación cuando es resultado de una decisión meditada del elector, que exige también un sistema de opinión pública libre, un libre flujo respetuoso de ideas y opiniones, pero, también responsable y en especial tolerante. Un ejercicio responsable del voto descarta de plano las posturas populistas y clientelistas que tanto daño hacen a la sociedad.
Ahora, debemos estar claros que, para erradicar estas prácticas nocivas para el país, hay que reformar la Constitución de la República en muchos aspectos, uno de ellos es prohibir la reelección inmediata de los funcionarios de elección popular, una de las principales causas del clientelismo político. No nos llamemos a engaño, mientras no se introduzcan estos y otros cambios profundos en materia electoral y en otros importantes temas en nuestra Carta Fundamental, las reformas a la ley electoral serán insuficientes y tales prácticas perniciosas continuarán erosionando sensiblemente nuestra frágil democracia y amenazando la estabilidad institucional.
Desde la refundación del Tribunal Electoral, en 1990, Panamá ha celebrado justamente múltiples consultas populares de distinto tipo, dentro de las que se cuentan seis elecciones generales, gozando todas del reconocimiento y legitimidad de sus resultados y de las autoridades electas. La alternancia, refleja el respeto a la voluntad popular, lo cual dice mucho de los avances históricos del país en materia de democracia, elecciones y de la institucionalidad de este organismo electoral, cuya trayectoria, peso cívico y experticia electoral, avalarán las elecciones de mayo de 2024, en las que escogeremos al presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento.
A la par de la maduración del sistema jurídico electoral, también se ha fortalecido a lo largo de los últimos años, en especial con la reforma constitucional de 2004, la institucionalidad del Tribunal Electoral, reconociendo su autonomía administrativa y financiera (aunque esta última todavía es relativa), iniciativa legislativa y en especial en el tema del nombramiento de los magistrados. Cada Órgano del Estado nombra a un magistrado por un periodo de 10 años y de manera escalonada, para evitar que uno de estos Órganos controle al Tribunal Electoral con el nombramiento de dos magistrados a la vez. Se busca con esto evitar la concentración del poder de nombrar, en una sola administración, lo que sería sumamente peligroso para el régimen democrático, la separación de poderes y la institucionalidad del país. Respetando el orden constitucional, en cuanto a su autonomía y el periodo de los magistrados, se reconoce la independencia y la estabilidad del Tribunal Electoral.
En el mes de marzo iniciamos formalmente el Plan General de Elecciones (PLAGEL), con el propósito de establecer mecanismos que faciliten la planificación, supervisión, control, evaluación del proceso electoral, con el manejo eficiente de la tecnología, con herramientas informáticas, tales como el PROJECT, lo que se ha convertido en el instrumento fundamental de coordinación y seguimiento de las más de 1,000 actividades que se requieren ejecutar eficientemente para el desarrollo exitoso del evento electoral.
En los meses subsiguientes continuaremos cumpliendo con eficiencia la ejecución del Plan General de Elecciones en sus diversos ámbitos, hasta tener a punto la totalidad de los aspectos jurisdiccionales, administrativos, técnicos, informáticos, operativos y logísticos que faciliten a los panameños, el pleno ejercicio del derecho al sufragio.
Por otra parte, en todo este trabajo que nos ocupa, la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos institucionales, es un eje transversal de nuestra administración, tal y como se ha hecho en cada elección y consulta popular con los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que demandan las elecciones, bajo el criterio de máxima publicidad, estimulando la libre y sana competencia entre oferentes, generando además ahorros y permitiéndonos obtener bienes de mejor calidad al mejor precio, en consonancia con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Pasadas las elecciones del año 2019, el Tribunal Electoral regresó al Ministerio de Economía y Finanzas la suma de B/. 8. 4 millones de balboas, producto de ahorros del manejo responsable que hicimos del presupuesto de elecciones, algo inusual en el sector público.
Como ya hemos explicado en otras oportunidades, el presupuesto del Tribunal Electoral para las elecciones generales del año 2024 es asignado por el gobierno nacional en tres años consecutivos, iniciando dos años antes de la fecha del evento, es decir, en el 2022 y 2023 y, el año del evento 2024. Hay que reconocer el respaldo que los distintos gobiernos que hemos tenido desde 1990 han brindado al Tribunal Electoral particularmente en suministrar los recursos económicos necesarios para la ejecución del Plan General de Elecciones, incluida la actual administración del Presidente Laurentino Cortizo, del Vicepresidente José Gabriel Carrizo y de su equipo de gobierno que han demostrado en todo momento su disposición de apoyar a la institución. Nuestro reconocimiento público.
Conciudadanos: con la lectura del decreto 29 de 30 de mayo de 2022, quedan oficialmente convocadas por el Tribunal Electoral las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Estamos a escasos 23 meses de ese gran evento y apelando a la vocación democrática del pueblo panameño, demostrada en los momentos más críticos de nuestra historia, invitamos desde ya a toda la ciudadanía a cumplir con esta nueva cita histórica asistiendo decididamente a las urnas y ejerciendo su voto, a conciencia, informado, pensando en los mejores intereses y el futuro del país, más que en el beneficio personal. Claro está, que acudir periódicamente a las urnas no es suficiente. La participación ciudadana en los asuntos de interés público es esencial. No se trata de endosar un cheque en blanco a los gobernantes cada cinco años, además la ciudadanía debe fiscalizar la gestión pública y exigir cuentas cuando no se hacen las cosas bien, no se cumplen las promesas de campaña o dicha gestión no resuelve las necesidades y problemas sociales.
Pueden estar ustedes seguros de que, como ha venido ocurriendo, el Tribunal Electoral generará las condiciones necesarias para garantizar al país un proceso electoral libre, democrático, justo y transparente, apegado a estándares y principios electorales universalmente aceptados, por lo que los partidos políticos, candidatos por libre postulación, y pueblo panameño en general, pueden tener toda la tranquilidad, la confianza y la seguridad de que las elecciones se realizarán al tenor de lo dispuesto por la ley, y sus resultados serán la expresión legítima de la voluntad popular. Nada nos alejará de esa misión, ni afectará el desarrollo y los resultados del proceso electoral.
A los partidos y demás actores políticos, les hacemos un respetuoso llamado para promover un clima de paz, de cordura; al cumplimiento de sus deberes en defensa y reforzamiento de nuestra democracia, a que promuevan y practiquen tanto a lo interno como con respecto a los demás, una cultura de tolerancia y de respeto. A que no malgasten los tiempos de la campaña, una vez se inicie, en insultos, trivialidades y ataques personales; a que con mucha prudencia y tolerancia sepan manejar las diferencias con sus oponentes, teniendo siempre presente que el fin principal de la política no es otro que el servicio en aras del bienestar general. El bienestar de todos, no de un grupo, sector o partido. También a que promuevan la capacitación de sus adherentes, especialmente en el tema de las últimas reformas electorales. La labor de la capacitación no solo es tarea del Tribunal Electoral, les corresponde asimismo a los partidos políticos, particularmente a aquellos que reciben financiamiento público para capacitación, que organicen sus capacitaciones con la coordinación del Tribunal Electoral.
Esto también significa no atentar contra la credibilidad del proceso electoral, ni atacar irresponsablemente al árbitro, el Tribunal Electoral; así como las reglas electorales que se dicten. No se debe debilitar la institucionalidad del Tribunal Electoral producto de pugnas internas partidarias o de intereses económicos o políticos opuestos. Ya sabemos que la política y sus protagonistas generan pasiones, odios y amores, que se deben manejar con mucha prudencia para que no alcancen al árbitro. El Tribunal Electoral ejerce sus funciones y adopta sus decisiones basado en la Constitución y la Ley, independiente del poder político, económico o partidario. Esto es una garantía para todos, sociedad, gobierno y oposición.
Exhortamos a los medios de comunicación para que practiquen un periodismo de calidad, imparcial, objetivo, con una cobertura del proceso electoral que provea a sus audiencias de información veraz y confirmada para que el ciudadano se forme su opinión y criterio para participar responsablemente en la actividad política y en el ejercicio del sufragio.
A los usuarios de las redes sociales, reiteramos nuestra solicitud de promover una cultura de buen uso. Hoy por hoy las redes sociales juegan un papel muy importante como medios de difusión y, en un proceso electoral, se constituyen en una valiosa herramienta de campaña. Su uso ético contribuye a elevar la cultura política y democrática. Por tanto, no difundas ni te hagas eco de noticias falsas o de desinformación o mensajes ofensivos o denigrantes.
Los rumores y anónimos en las redes sociales deben asumirse con una actitud crítica a la hora de recibir información. Frente a cualquier afirmación, positiva o negativa, hay que verificar si está respaldada, la credibilidad de quien la dice y con qué pruebas o grado de razonabilidad lo hace. Y no quedarnos con solo una parte de la historia. Por eso el Tribunal Electoral promoverá nuevamente el Pacto Ético Electoral entre actores del proceso electoral y el Pacto Ético Digital, para usuarios de redes sociales.
Los actores políticos deben ser ejemplo para esa niñez y juventud que hoy los observa y que mañana los juzgará. No perdamos esta valiosa oportunidad que nos da nuevamente el sistema de discutir en un ambiente de libertades, no de libertinaje, sobre nuestros problemas vitales y buscarles solución entre todos y, en especial la valiosa oportunidad que brindan las próximas elecciones a los que lleguen al poder, de asumir el impostergable e ineludible compromiso de introducir cambios profundos en las estructuras del Estado, desde la Constitución hacia abajo, con el objetivo o la mística de ganar para cambiar al país, no de cambiar, para no cambiar nada.
El 5 de mayo de 2024 tendremos los centros de votación instalados, los miembros de mesa y de las juntas de escrutinio debidamente capacitados, las papeletas y las urnas preparadas y toda la organización necesaria para un exitoso proceso electoral. Pero, acudir a las urnas de forma responsable y emitir un voto informado e inteligente, depende de cada ciudadano, que tiene en sus manos el poder y la oportunidad de transformar este país para que más bienestar y prosperidad llegue a cada rincón de la geografía nacional. El Tribunal Electoral hace su parte. El ciudadano tiene que hacer la suya. Todos tenemos esa responsabilidad. El voto es la fuerza y la voz del pueblo, es la llave del poder para abrir nuevas y grandes oportunidades de desarrollo y prosperidad. Hay que ganar para seguir cambiando
el país, entre todos, uniendo fuerzas hacia ese objetivo. Aún estamos a tiempo, después será tarde para lamentaciones.
Que Dios bendiga a Panamá.
