Un intenso debate se registró este jueves 7 de julio durante la octava sesión de la Comisión Nacional de Reformas Constitucionales Electorales ( CNRCE), tras la revisión del numeral 4 del Artículo 153 de la Constitución Política, que inhabilita a los condenados por más de cinco años de prisión para ser elegidos a cargos públicos. Durante el análisis del tema, hubo posiciones encontradas por parte de los miembros de la CNRCE, algunos de los cuales consideraron que esta disposición constitucional atenta contra los derechos ciudadanos, mientras otros vieron la necesidad de que se modifique pero con la finalidad de endurecer aún más la inhabilitación existente para los condenados por delitos dolosos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, acompañado del magistrado Erasmo Pinilla C., y de las magistradas suplentes Sharon Sinclaire de Dumanoir, Yara Campo y Lourdes González, señaló que se considera que esta norma puede violar derechos humanos de los ciudadanos en cuanto a su posibilidad de ser elegidos a cargos públicos en igualdad de condiciones. Adelantó que el TE traía una propuesta para garantizar los derechos humanos. “Esta es una prohibición a perpetuidad para aquellas personas que han sido condenadas por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad, de más de cinco años, para poder ejercer cargos públicos, y la propuesta consistía en establecer un periodo de tiempo, pero que no fuera una sanción a perpetuidad”, indicó Solís. Los comisionados decidieron evaluar los planteamientos y regresar a la última sesión de la CNRCE del próximo jueves 14 de julio, para decidir si se mantiene la norma como está, se flexibiliza o por el contrario se hace más estricta. La sesión también contó con la presencia de directores, subdirectores y colaboradores del TE.
