Los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron con sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia para explicarles el contenido de la Ley 29 que reforma el Código Electoral y define las reglas para las Elecciones Generales del 2019. Con este encuentro se da continuidad al plan de divulgación que inició el TE una vez fue sancionada la Ley. Durante la cortesía de sala concedida a los magistrados Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake, estos ilustraron al Pleno de la Corte, sobre los temas más relevantes contenidos en la Ley y que se sustentan en los principios fundamentales de equidad, transparencia , rendición de cuentas y la justicia electoral. Entre los temas puntuales abordados están los concernientes a la apertura de cuentas únicas de bancos por parte de los candidatos para manejar sus ingresos y gastos, sujetas a la auditoría del Tribunal Electoral, los topes establecidos para las campañas presidenciales que no deben exceder los 10 millones de balboas para la propaganda electoral, la reducción de los tiempos de campaña que fueron estipulados en 60 días antes de las Elecciones Generales y 45 días previos a las primarías de los partidos políticos, así como la incorporación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a la justicia penal electoral, entre otros. Las dudas e interrogantes surgidas en el Pleno de la Corte fueron aclaradas por los autoridades del Tribunal Electoral. La ocasión fue aprovechada por el magistrado presidente del TE Heriberto Araúz Sánchez para agradecer al presidente del Órgano Judicial, José Ayú Prado, la colaboración que están brindando a la institución para instruir a los jueces, fiscales y funcionarios electorales que tienen a su cargo impartir la justicia electoral, con la aplicación de la norma que rige el Sistema Penal Acusatorio. Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia también agradeció a los magistrados por su interés y compromiso de explicar a la ciudadanía el contenido de la nueva Ley electoral y a quienes integran el Pleno de la máxima corporación de justicia en Panamá.
