La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) empezó este miércoles 18 de agosto la discusión del proyecto de ley 544, que reformará las reglas para los comicios de mayo de 2024 con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y su equipo técnico.

El magistrado presidente Heriberto Araúz Sánchez  solicitó a la AN que este proyecto sea aprobado en esta legislatura  para cumplir con el calendario electoral y programar la divulgación y capacitación en todo el país  a los partidos políticos y  la ciudadanía en general.

La Comisión de Gobierno se declaró en sesión permanente para discutir ampliamente las reformas electorales, y aprobó la metodología  de debatir en 3 bloques los artículos del proyecto. Además se destacó la importancia de recibir  aportes de todos  los actores sociales.

El proyecto de ley que reforma el Código Electoral  fue presentado el 10 de febrero, el cual contiene 323 artículos aprobados por la  Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020 (CNRE), que reestructuran preceptos, adicionan y derogan otros de la norma vigente.

Los cambios introducidos por la última reforma electoral aprobada en el 2017 son los más profundos realizados a la fecha, porque se establecieron límites y parámetros importantes, que favorecen la equidad, la transparencia y la justicia.

La CNRE es convocada cada cinco años para actualizar y perfeccionar nuestra legislación electoral. Es un trabajo en coordinación con los partidos políticos y la sociedad civil,  que incluye al Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales,  que agrupa al sector empresarial, laboral, la Academia y, por primera vez, a representantes de libre postulación.

Entre los artículos aprobados destacan: voto adelantado, voto por internet, limitaciones a servidores públicos, inscripción de miembros de partidos políticos en formación y lista de respaldo de candidatos de libre postulación, financiamiento público y privado, fuero electoral, paridad de género, participación y postulación.

Desde 1991 se propicia un proceso de reformas legales que ubican a Panamá como uno de los países con mayor desarrollo legislativo en el continente.